La Unión Europea (UE) reforzará su normativa y ampliará el ámbito de aplicación del marco vigente para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo con supuestos tales como imposibilitar los pagos en efectivo superiores a 10.000 euros, aunque los Estados miembros tendrán flexibilidad para imponer un límite máximo inferior si lo desean.
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