El decreto, de junio de 2012 y modificado en octubre del 2013, ampara a las víctimas de «violación de los derechos humanos y sufrimientos injustos» por la violencia de motivación política entre 1960 y 1978, con indemnizaciones que van desde los 35.000 euros hasta los 390.000 euros, para los casos de gran invalidez. En concreto, han sido cuatro las cuestiones sobre las que la Sala se ha pronunciado. Por un lado, el Estado ha argumentado que al ser un decreto de subvenciones, se le debe aplicar la ley general de subvenciones del Estado, que pose
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