Una ley franquista, utilizada para ocultar transacciones en las que se ven envueltos materiales bélicos como bombas de racimo o morteros enviados a países que no cumplen con los derechos humanos, está en el punto de mira. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite un recurso presentado a principios de octubre por Greenpeace que busca poner fin a la opacidad y la falta de control parlamentario sobre las exportaciones de armas españolas.
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