El Tribunal Supremo concluye que la responsabilidad por los daños provocados por un fármaco que provocó cegueras, comercializado como Ala Octa, es del fabricante alemán, Alamedics, y de la Administración con competencias para autorizar y vigilar este producto. Es decir, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad.
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