A pesar de que estos fondos representan únicamente alrededor del 0,2% del dinero que el Estado transfiere cada año a las CCAA, en los últimos años se han sucedido recursos judiciales contra el sistema, lo que provocaba una profunda preocupación en el sector, en un momento en que los programas que desarrollan son especialmente necesarios para los millones de personas que se encuentran en situación de exclusión social y pobreza en nuestro país. Relacionada:
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