El grupo confederal de izquierdas quería que el precio del agua se siguiera considerando una tasa,y no una tarifa,frente a la modificación introducida en la Ley de Contratos Públicos de 2017. La tasa obliga a que no se cobre más que el coste de la prestación del servicio,mientras que una tarifa puede subir sin más límite que el que imponga la administración adjudicataria en caso de privatización o de concesión."Ya había bastante descontrol sobre los precios del agua,pero por lo menos los ciudadanos podían recurrir,ahora ya ni eso",lamenta..
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