El Tribunal Supremo ha condenado a Iberdrola por ocultar información en 2011 y 2012 a la Comunidad de Madrid sobre los procedimientos que siguió en esa región durante el año 2010 para suspender el suministro eléctrico por impagos de clientes acogidos a la tarifa regulada (antigua tarifa de último recurso, actual PVPC), entonces mayoritaria entre los consumidores domésticos.
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