En un auto la jueza expresa su “discrepancia absoluta” por la puesta en libertad con cargos del ex diputado socialista, Juan Bernardo Fuentes tras la decisión del fiscal anticorrupción quien no solicitó ninguna medida cautelar. La magistrada afirma que la puesta en libertad puede ver frustrada la investigación ya que existe un alto riesgo de destrucción de pruebas por sus amplias relaciones y cargos políticos. La postura de la jueza ha causado un profundo malestar en las altas esferas del Ministerio Fiscal.

El juez del caso Tándem, Manuel García Castellón, rechazó el pasado lunes un escrito de la Fiscalía en el que pedía reclamar a la Cadena Ser unos archivos de audio en base a los que publicaron una información para que la Policía analizara los metadatos de dichas grabaciones, lo que habría permitido saber quién era la fuente que las facilitó al periodista.

La Fiscalía ha pedido el archivo del caso de Félix Rodríguez de la Fuente que se investiga en la Audiencia Nacional para esclarecer las circunstancias de la muerte del naturalista.

La Fiscalía Europea ha reclamado al titular del Juzgado de Instrucción numero 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, la parte principal del caso en la que está investigada Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según han informado fuentes jurídicas.

La Fiscalía Europea investiga no sólo un supuesto delito de tráfico de influencias para averiguar el peso de la recomendación de la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Begoña Gómez a las empresas del empresario Juan Carlos Barrabés, sino una presunta prevaricación y presunta malversación. La malversación de fondos europeos es uno de los pilares de la existencia misma de la Fiscalía Europea que investiga en España supervisada por un juez de garantías.

La Fiscalía General de la Unión Europea no actúa si los indicios de comisión de delitos contra los intereses de la UE no son sólidos y, en el caso de la esposa de Pedro Sánchez, esos indicios apuntan a la presunta comisión de delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias. la Fiscalía Europea trabaja en serio, investiga en base a indicios sólidos y tiene la capacidad de análisis jurídico para entender que, en muchos casos, la falta de ética puede ser causa delictiva.

La Fiscalía europea (EPPO) contradice al fiscal español y decide entrar en la causa abierta contra Begoña Gómez. Los fiscales europeos están investigando, en concreto, las adjudicaciones realizadas a las empresas del empresario Carlos Barrabés, entre otras, por la empresa pública Red.es, después de que Gómez emitiera una carta de recomendación.

Medel emite un comunicado en el que asegura que "una correcta información fortalece al Poder Judicial" y vuelve a pedir la renovación del órgano de gobierno de los jueces en España

Según consta en el sumario del caso, la Fiscalía Europea se interesó por esta causa y, en concreto, por algunos contratos del empresario Juan Carlos Barrabes, profesor del máster de la cátedra de la Universidad Complutense que codirigía Gómez y propietario de Innova Next, que, según informaciones periodísticas, se habría beneficiado de ayudas de la entidad pública Red.es tras la mediación de la esposa del jefe del Ejecutivo.

El fiscal arguye que la nota de prensa que dio origen al litigio “ponderaba, sin duda, los datos que la Fiscalía poseía” y se publicó para responder a un “bulo”. Este miércoles, la Fiscalía ha movido ficha y ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)―que investiga el caso— el archivo del mismo. De hecho, en un escrito adelantado por la Cadena SER y Europa Press, y al que ha tenido acceso también EL PAÍS, el fiscal Francisco Javier Montero apunta a que la “violación de seguridad” pudo producirse en el “entorno” del investigado

Tras una conversación entre el abogado del empresario y el nuevo fiscal del caso, "ambas partes han informado de la propuesta de González Amador para alcanzar una condena por conformidad", añade el diario madrileño.

La jueza ha citado a declarar a Alberto González Amador por dos presuntos delitos de fraude fiscal y otro más de falsedad documental. El delito contra la Hacienda Pública está recogido en el artículo 305 del Código Penal. La ley prevé penas de prisión de uno a cinco años y sanciones económicas que pueden multiplicar por siete la cantidad defraudada. El delito de falsedad documental está regulado por el artículo 390 del Código Penal y plantea penas que van de los tres a los seis años de prisión.