La sala de lo penal del Tribunal Supremo ha absuelto al Pequeño Nicolás de los delitos de usurpación de funciones públicas y cohecho por los que fue condenado a tres años de cárcel en la Audiencia Provincial de Madrid. El acusado se hizo pasar por emisario de la Casa Real y de la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría para reunirse con un empresario en Ribadeo. Francisco Javier Iglesias contrató a un agente de la policía municipal que comunicó a sus colegas gallegos el viaje y que se encargó del dispositivo de seguridad

El tribunal superior de las Naciones Unidas abre dos días de audiencias sobre una solicitud de Sudáfrica para presionar a Israel para que detenga su operación militar en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, donde más de la mitad de la población de Gaza ha buscado refugio. Más info: apnews.com/article/israel-palestinians-gaza-war-world-court-a69d2abf0f

El edil del Partido Popular eximió a algunas contructoras de la obligación de ceder el 10% de 15 proyectos urbanísticos al Ayuntamiento de Ourense pero la Justicia falla que no está probado que lo hiciese para enriquecerse, por lo que archiva el pleito, que había impulsado una ex-concejala de urbanismo del PSdeG-PSOE.

La extrema derecha, tanto la parlamentaria como la que no tiene acceso a las instituciones, lleva más de una década usando los tribunales como arma arrojadiza contra rivales políticos. Con querellas y denuncias con las que han intentado criminalizar desde declaraciones públicas de políticos hasta la tramitación de leyes, partidos como Vox y organizaciones como Manos Limpias han capitalizado acciones judiciales que, sin embargo, rara vez han sido siquiera admitidas a trámite. La estrategia comunicativa también es común:

La Corte de Casación afirma que en el proceso judicial se vulneraron tanto el principio del bien superior de los menores, como varios convenios internacionales firmados por Italia.

El Tribunal Supremo da la razón a un matrimonio asturiano que reclamó la nulidad de su hipoteca (formalizada en yenes japoneses) con Bankinter, condenada a restituir el perjuicio económico ocasionado por aplicación de la cláusula multidivisa, que asciende a 30.000 euros. La plataforma reclamador.es lleva el caso, puntualiza que ninguno de los prestatarios, bombero y administrativa, tenía «experiencia ni conocimientos ni cualificación necesaria» en el objeto de negocio. No se les informó del riesgo añadido por cambios de cotización de divisas.

Los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial se han marcado un nuevo objetivo dentro de la estrategia de controlar todos los escalones de la carrera judicial. Buscan renovar el control que tienen de las salas de gobierno de los tribunales españoles. El próximo mes de octubre se convocan elecciones a las de Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia.

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a dos años de cárcel para un funcionario del Ayuntamiento de Valencia que distribuyó en un chat de WhatsApp de un grupo de padres...

El tribunal especial se agarra a un error formal de un investigado, que permitió subsanar en otros casos, para no valorar las opiniones del juez contra la amnistía, y tiene pendiente analizar la errata con el plazo de instrucción denunciada por las defensas. La única esperanza que las defensas del caso tienen en poder apartar a García Castellón es un número: 324. Es el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que regula los plazos de instrucción y que, según los independentistas, García Castellón vulneró, lo que, a su juicio, aboca.....

El Tribunal Superior de Londres ha decidido que Julian Assange no puede ser extraditado inmediatamente a Estados Unidos por cargos de espionaje, en una victoria parcial para el fundador de WikiLeaks. Dos jueces del Tribunal Superior dijeron que concederían a Assange una nueva apelación a menos que las autoridades estadounidenses den más garantías sobre lo que le sucederá. El fallo significa que la saga legal, que se ha prolongado durante más de una década, continuará.

El hijo de Antonio Luis Baena Tocón pedía que se borraran 18 enlaces en los que aparecía su padre porque sostenía que contenían informaciones inexactas. La Audiencia Nacional rechazó la petición y ahora el Tribunal Supremo confirma la decisión. Dice el alto tribunal que las personas fallecidas también tienen derecho al olvido, pero que ese derecho hay que ponderarlo con otros que hay en juego como son "libertad de expresión e información, cumplimiento de una obligación legal y datos referidos a archivos o investigaciones científicas e histórica

El Tribunal Supremo considera que es la empresa, y no la Seguridad Social, la que debe hacerse cargo de la baja médica de un empleado que sufrió un accidente no laboral, aunque no tuviera dado de alta al trabajador. En una sentencia fechada el pasado 21 de febrero, la sala de lo social rechaza el recurso de una empresa contra un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de mayo de 2020. El caso se remonta a 2014, cuando una empleada, que desempeñaba labores de comercial desde junio de ese año, sufrió en septiembre...

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo rechazó la inadmisión a trámite del recurso de casación presentado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana contra la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que liberaba a la Xunta de contribuir económicamente a compensar a Audasa por los peajes en sombra de Rande y A Barcala.

La empresa mexicana de alimentos Bimbo no puede registrar su marca “Bimbo QSR” en Suiza. El Tribunal Administrativo Federal confirmó el rechazo debido a las connotaciones racistas del término. El Instituto Federal de Propiedad Intelectual (IGE) justificó su rechazo con el significado “profundamente despectivo y racista” del término “bimbo” para las personas de piel oscura.

El artículo 1064 del Código Civil establece que “los gastos de partición, hechos en interés común de todos los coherederos, se deducirán de la herencia; los hechos en interés particular de uno de ellos, serán a cargo del mismo”

El presidente Biden confunde las ventanillas judiciales. Reacciona al fiscal diciendo que su actuación es “indignante” porque el Gobierno israelí no está cometiendo “genocidio”. Se equivoca al cien por cien. La institución que analiza el posible genocidio –o sea, el exterminio de un grupo humano– es el Tribunal Internacional de La Haya. Y la que examina los crímenes de guerra es el Tribunal Penal Internacional. Son acusaciones distintas. Son tribunales distintos. Aunque puedan coincidir algunos presuntos culpables. Biden o alguno de sus miles..

El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) ha iniciado una investigación sin precedentes tras las irregularidades permitidas por la Policía Nacional, la Fiscalía y la Audiencia Navarra a raíz de una denuncia de doble violación en Iruñea en 2016. Los presuntos agresores jamás fueron juzgados después de distintas anomalías en la investigación, que incluyen eliminación de pruebas en sede policial ante la permisividad de todo el sistema judicial navarro.

Asegura que sus declaraciones se produjeron en el marco de un debate público y democrático y están amparadas por la libertad de expresión

El Tribunal Superior de Londres ha autorizado al periodista australiano y fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a recurrir en otra audiencia futura dos de las tres garantías ofrecidas por Estados Unidos sobre el tratamiento que recibirá si fuera extraditado a ese país. Estados Unidos reclama a Assange por 18 presuntos delitos de espionaje e intrusión informática por las revelaciones de su portal, que en 2010 y 2011 expuso abusos del Ejército estadounidense en Irak y Afganistán. El Gobierno británico ya aprobó en junio de 2022 la extradición

El magistrado prorrogó la pasada semana el secreto de las actuaciones y tomó declaración a dos directores de medios que publicaron informaciones en las que se basó la denuncia

El coste total para el Estado argentino del viaje, en el que no se reunirá ni con Felipe VI ni con Pedro Sánchez, superará los 460.000 euros.

La Corte Suprema rechazó el miércoles una petición que buscaba la interrupción del embarazo que había durado más de 30 semanas, diciendo que el feto también tiene un derecho fundamental a vivir, informó Live Law . Según las Normas de modificación de la interrupción médica del embarazo , el aborto está permitido hasta las 20 semanas de embarazo. Las mujeres y menores que hayan sido agredidas sexualmente, violadas o embarazadas mediante incesto pueden abortar el feto hasta las 24 semanas.

Hace unas semanas, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lanzó su particular S.O.S. en su última memoria de actividad. En el documento, de 208 páginas, el órgano que preside Lorenzo Jesús del Río advertía la urgencia en contratar más jueces y abrir más juzgados para salvar una justicia “al borde del colapso”. Dos factores han agravado la brecha. Por un lado, las sucesivas huelgas de los funcionarios, colectivo que precisamente reclama medios para diluir el tapón. Por otro, la instalación de un nuevo software de gestión judicial, Adriano

El Ayuntamiento de Serranillos del Valle llevaba siete años de juicios contra la que fue su interventora para recuperar el dinero malversado. Ella acaba de ingresar en la cárcel y el BOE ha publicado la pérdida definitiva de su puesto de funcionaria.

La federación de cooperativas ha presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por dejarlas fuera del Plan VIVE al permitir solo sociedades anónimas.

El Tribunal Constitucional de Portugal dictamina en la sentencia 338/2024 de 23 de abril que la Contribuição Extraordinária sobre o Setor Energética (CESE) aplicada a centros de producción de energías renovables es inconstitucional: viola el principio de igualdad, del artículo 13 de la Constitución. Este es el undécimo año consecutivo que se renueva el CESE tras su introducción en 2014 por el Gobierno del PSD, pese a que inicialmente se creó como una tasa extraordinaria. En 2019 se amplió a centros generadores de electricidad usando renovables.

La Secretaría de Estado de Energía aceptó el abono de más de 100 millones de euros por la financiación de las comercializadoras de Iberdrola en el mercado regulado, pero se negó a abonar la parte correspondiente al mercado libre en base a un informe de la CNMC que concluía que implícita o explícitamente el coste se repercutía en el consumidor y que indemnizar a las eléctricas "implicaría un enriquecimiento injusto". Los magistrados sin embargo reconoce el derecho de Iberdrola a indemnización 183,4 millones € más de 17 millones de euros...

Álvaro García Ortiz sostiene que la sala está contaminada por haber firmado la sentencia que anuló el nombramiento de Dolores Delgado como fiscala de Sala al entender que había incurrido en desviación de poder.