Los exámenes que ha venido realizando el Tribunal de Cuentas a los contratos de emergencia suscritos por el Gobierno en los años de la pandemia del coronavirus revelaron retrasos en los plazos de ejecución, que afectaron a uno de cada cinco firmados, y empresas que coparon buena parte de las adjudicaciones, aunque no hace públicos sus nombres.

La Corte Suprema del estado de Nueva York reintegró a todos los empleados despedidos por no estar vacunados, ordenó pagos retroactivos y dijo que se habían violado sus derechos. El tribunal determinó el lunes que "estar vacunado no impide que una persona contraiga o transmita COVID-19". El alcalde de la ciudad, Eric Adams, afirmó a principios de este año que su administración no volvería a contratar a los empleados despedidos por su estado de vacunación. Solo la ciudad de NY despidió a aproximadamente 1400 empleados por no estar vacunados.

Un contrato covid deja un agujero de 5,5 millones de euros en el Gobierno por un gran cargamento de guantes que nunca llegó del aeropuerto de Estambul.

El órgano de garantías rechaza por siete votos a cuatro la reforma legal del Gobierno. La sentencia argumenta que la existencia de una autorización judicial previa a las restricciones decididas por los gobiernos provoca “una reprochable confusión entre las funciones propias del poder ejecutivo y las de los tribunales de justicia”. “Menoscaba tanto la potestad reglamentaria como la independencia y reserva de jurisdicción del poder judicial, contradiciendo así el principio constitucional de separación de poderes".

La Fiscalía ponía en marcha más de 200 investigaciones en torno a la muerte de ancianos en residencias de todo el país. Todo eso pasó en el epicentro de la pandemia, cuando el país se acercaba al millar de víctimas diarias.Casi dos años después, la inmensa mayoría de esas acciones legales han quedado archivadas o al menos no hay constancia de que hayan llegado a juicio. Hasta ahora, el mensaje de los tribunales ha sido claro: la gestión de la pandemia habrá sido buena, mala o muy mejorable, pero no ha sido delictiva en sus diferentes niveles.

El Tribunal Supremo ha hecho pública este viernes la sentencia con la que ha autorizado el uso del pasaporte covid en Euskadi. Los magistrados han justificado la decisión por considerarla "proporcionada" y necesaria". En la sentencia, que estima el recurso del Gobierno vasco contra el auto del TSJPV que denegó la medida, la Sala explica que la exigencia de exhibir el certificado covid para acceder a establecimientos nocturnos de ocio y restaurantes con capacidad para más de 50 comensales presenta los rasgos de "adecuación, necesidad y proporcio

El alto tribunal sigue el criterio de la Fiscalía que se mostró a favor de avalar el certificado porque concurren los requisitos de proporcionalidad y necesidad. Por mayoría. Fuentes jurídicas han adelantado el fallo de la sentencia que estima el recurso del Gobierno Vasco contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco del pasado 22 de noviembre, que denegó esta medida.

Ni carta blanca ni rodillo. El Tribunal Supremo se ha apoyado hasta ahora en la proporcionalidad a la hora de tomar todas las decisiones relativas a las restricciones para luchar contra el coronavirus y ha analizado cada situación para responder "caso por caso". Así lo hizo con los cierres perimetrales o con los toques de queda autonómicos. Ahora, sobre el tapete está el pasaporte Covid que se está implantando en las comunidades para el que Euskadi ha pedido refrendo en el Supremo.

El Gobierno navarro lo pidió para para acceder a restaurantes y bares con un aforo superior a 50 personas. El pasaporte COVID se ha aprobado en Cataluña, Baleares y Galicia y se ha rechazado en País Vasco y Aragón Cuatro millones y medio de españoles aún no se han puesto las dos dosis.

Vox ha advertido este domingo que «recurrirá ante los tribunales» la posible medida de la Junta de Andalucía sobre la obligatoriedad de presentar el pasaporte Covid para acceder a centros hospitalarios, centros de salud, comercios y actividades de ocio. Así lo ha señalado el parlamentario de Vox en Andalucía, Benito Morillo, quien ha hecho referencia directa al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), al que ha criticado por «no cesar en su ambición totalitaria de atropellar los derechos y libertades de los ciudadanos».

La Corte Suprema levantó el jueves la prohibición de ejecutar desahucios durante la pandemia Covid-19, poniéndose del lado de los propietarios en contra de una moratoria que la administración impuso este mes a pesar de las dudas sobre su legalidad. Tres jueces liberales discreparon. La moratoria de desahucios afecta a millones de inquilinos , en gran parte para permitirles permanecer en sus hogares mientras los gobiernos estatales y locales luchan por desembolsar unos $47 mil millones de asistencia al alquiler proporcionada por el Congreso

Los gimnasios españoles no tendrán que exigir el certificado Covid a sus abonados. Salvo que cambie la ley, a los centros deportivos españoles podrán seguir accediendo todas las personas al margen de si se han vacunado contra la Covid-19 o no. Así lo ha resuelto el Tribunal Supremo, que ha fallado que no podrá aplicarse esta medida de manera indiscriminada para el acceso a centros deportivos, piscinas, bares, restaurantes, el transporte público y otros espacios.

La Justicia ha frustrado el intento de cuatro comunidades autónomas -Andalucía, Canarias, Cantabria y Galicia- y de la ciudad de Melilla de exigir el pasaporte covid para entrar en los bares o en otros establecimientos de ocio, al entender que atentaría contra el derecho a la intimidad y la no discriminación.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha decretado este jueves que la obligación de presentar un certificado covid-19 para acceder al interior de establecimientos hosteleros y locales de ocio nocturno en la comunidad carece de vigencia al no haber sido autorizada judicialmente. Galicia era la única comunidad en imponer el certificado para el interior de la hostelería y el ocio nocturno, ya que Andalucía, Cantabria y Canarias no recibieron el aval judicial pertinente.

El juzgado de lo contencioso-administrativo 3 de León ha condenado a la subdelegación del Gobierno en esta provincia a devolver los 300 euros que multa que un ciudadano pagó al incumplir la prohibición de desplazamiento impuesta durante el estado de alarma basándose exclusivamente en la declaración de inconstitucionalidad de esta medida. El fallo impone las costas procesales a la Administración demandada, al considerar que fue parte en el proceso de declaración de inconstitucionalidad.

Con sus últimas resoluciones, el TSJC sustituye al Gobierno en sus funciones -sin ni siquiera oírlo- al cargarse de un plumazo todas las prescripciones de cada uno de los niveles de alerta. Todas las medidas las habrá de reconstruir el Gobierno canario, que es el que tiene las competencias, pero visto lo visto habrá de estar a lo que diga la autoridad judicial, que en ningún caso asumirá jamás las consecuencias sanitarias, económicas o sociales que estas decisiones provoquen.

Para el alto tribunal, establecer limitaciones puntuales de derechos, incluso fundamentales, no equivale a desarrollarlos siempre que, por las características de las restricciones, no lleguen a desnaturalizarlos.

Los magistrados aclaran que la administración podía regular los aforos pero no limitar un derecho fundamental como el de reunión. La DGA va a recurrir ante el Supremo, que si confirma el fallo permitiría a los hosteleros exigir daños y perjuicios.

El Supremo no revisará las decisiones de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas respecto a las restricciones por el Covid-19 que hayan sido acordadas antes de la finalización del estado de alarma.

La sala dice que sí procede la limitación del número máximo de personas no convivientes en encuentros familiares y sociales en espacios de uso público y privado cerrados o al aire libre, y ratifica la medida de delimitación para permanencia de personas en lugares de culto.

Un tribunal de Perú afirmó, en una resolución basada en teorías conspirativas, que la COVID-19 fue una invención de las "élites criminales a nivel mundial"

En un 2020 atravesado por el covid-19, donde las sociedades humanas han visto cómo un virus paralizaba su actividad en la práctica totalidad de sus áreas, la lucha contra la emergencia climática no ha sido una excepción. A pesar de ello ha habido victorias medioambientales, como el paulatino abandono del carbón en España. - Al igual que 2019 (y tantos otros antes), el año empezaba mal para la salud del planeta. La 25ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático [...] no dejaba los resultados...

El Tribunal Supremo ha decidido avalar la obligación de llevar mascarillas durante el primer estado de alarma. Tal y como adelantó la Cadena SER la semana pasada los jueces de lo contencioso rechazan un recurso de un particular al entender que es una medida "legítima, necesaria y proporcionada" rechazando que lesione los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Tres tribunales superiores de justicia han evaluado en los últimos días el confinamiento perimetral de varias ciudades del país para luchar contra la Covid-19 y solo el de Madrid ha tumbado las restricciones

En la sentencia la Audiencia Provincial de León recoge que en esta cultura «las uniones de pareja se producen a edades muy tempranas». Ha quedado probado que el procesado -nacido en 1993- mantenía desde 2017 una relación sentimental de pareja con la menor de edad -nacida en 2005- y que era 12 años más joven que él, conviviendo juntos en diferentes localidades de la provincia y en Benavente.

El Tribunal Supremo, en una reciente sentencia, ha utilizado por primera vez la doctrina europea que permite que los autónomos a los que Seguridad Social solicite la devolución de una prestación puedan quedar eximidos de su reembolso, siempre y cuando se deba a un error de la propia Administración y hayan actuado de buena fe.

Un contrato de seguro de vida e invalidez ha llevado a una mujer a enfrentarse con su compañía aseguradora, RGA Rural Vida S.A., ante los tribunales. Una cuestión que ha llegado al Tribunal Supremo, donde el alto tribunal ha fallado en contra de las pretensiones de la clienta.

El senador estadounidense Lindsey Graham expresa su preocupación de que Estados Unidos pueda ser perseguido por crímenes de guerra.

El Estatuto de los Trabajadores recoge el número de jornadas que el trabajador puede ausentarse, pero no si son hábiles o naturales. Pero cuando la normativa habla de días, ¿se refiere a naturales o laborables? Se trata de una matiz importante, porque si el familiar fallece un viernes por la tarde, ¿cuándo empieza a contar el permiso? ¿Empieza el sábado o el lunes?.

Se extiende una variante del virus que va camino de convertirse en dominante a escala global

En 2021 y 2022, entre los deportistas que se vacunaron contra el “covid” se produjeron 1.600 accidentes cardíacos, incluidas 1.000 “muertes súbitas” en todo el mundo, según una base de datos elaborada por Good Sciencing, que se basa en los casos que han sido objeto de cobertura mediática, tanto de deportistas aficionados como profesionales (1). El número de casos no incluidos en la base de datos es mucho mayor, sin duda.

Una bandera estadounidense al revés, un símbolo utilizado por algunos partidarios del expresidente Donald Trump que desafió la legitimidad de la victoria de Joe Biden en 2020, se colgó fuera de la casa del juez de la Corte Suprema Samuel Alito después de las elecciones, informó The New York Times el jueves.