El senador estadounidense Lindsey Graham expresa su preocupación de que Estados Unidos pueda ser perseguido por crímenes de guerra.

El Ministerio del Interior de Rusia ha anunciado este viernes la inclusión del fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, así como de tres magistrados de la institución, en su lista de "personas buscadas" por emitir una "orden de arresto ilegal" contra el presidente ruso, Vladimir Putin, acusado por la corte de facilitar la deportación forzada de niños ucranianos a territorio ruso.

El expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de ese país, Dimitri Medvedev: "es completamente imaginable el empleo preciso de un misil hipersónico Ónix lanzado por un buque ruso desde el mar del Norte contra la sede del Tribunal de La Haya", ha escrito en esa red, "todos estamos a merced de Dios y de los misiles". Medvedev continúa su escrito con todo tipo de críticas y menosprecios a las organizaciones internacionales, de la ONU a la OTAN, y habla de "consecuencias monstruosas" por la decisión de la Corte Penal Intern

El nuevo fiscal jefe de Tribunal Penal Internacional dijo el lunes que quiere centrar su investigación en Afganistán en los talibanes y el Estado Islámico-Jorasán, y "despriorizar" los presuntos crímenes de guerra de las fuerzas estadounidenses. Karim Khan dijo que había pedido a los jueces que le permitieran relanzar la investigación —suspendida el año pasado a petición del entonces gobierno de Kabul mientras decía que investigaría por sí mismo los crímenes de guerra— tras la toma del poder por los talibanes en agosto.

El propietario de la torre Al Yalá, sede en la Franja de Gaza de varios medios de comunicación internacionales cuya destrucción en un bombardeo israelí se ha convertido en una de las imágenes más icónicas de la campaña de ataques entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás, ha presentado una denuncia por el ataque ante el Tribunal Penal Internacional (TPI).

Al igual que la rebelión, se trata de un delito proveniente del siglo XIX que el ordenamiento jurídico define en términos no tan claros como sería deseable.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha abierto causa penal contra el diputado y secretario de Organización de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, por considerar que existen indicios de la comisión de un delito de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones. El Supremo investigará la causa después de que la Fiscalía presentara un escrito de acusación en febrero de 2018 en la que le consideraba autor de un delito de atentado a agente de la autoridad y de una falta de lesiones, y solicitaba para el diputado una pena de un año de prisión.

Explicación sencilla y clara de los delitos juzgados por el Tribunal de la Haya: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión.

Los jueces y juezas españoles concluyeron en el primer trimestre de 2019 un total de 15 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 92 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos.

Para el delito de rebelión no concurre la violencia fehaciente y lo que ha probado la Fiscalía son retazos de resistencia colectiva frente a actuaciones del poder legítimo. Pero la resistencia no es la violencia típica o idónea de la rebelión. La violencia debe ser funcional para lograr el objetivo previsto en el tipo penal de la rebelión, no cualquier violencia. Un gobierno que ve crecer una insurrección y ve peligro de ruptura de la nación debe solicitar al parlamento la declaración del estado de sitio. Pero eso no ocurrió.

Tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo según la cual “cualquier agresión de un hombre a una mujer en la relación de pareja o ex pareja es hecho constitutivo de violencia de género” y “si hay agresión mutua, como en este caso, ambos deben ser condenados, por violencia de género el hombre y familiar la mujer”, un juez analiza si realmente el Convenio de Estambul ampara semejante asimetría.

Hace ya mucho tiempo que la verdadera fuente del Derecho Penal en este país es la Sala 2ª del Tribunal Supremo,y la ley escrita no es más que una piedra en el camino,que puede ser rodeada.La mayoría de los operadores jurídicos se olvidan del texto del Código, por claro que éste sea,y están a lo que diga el oráculo de la Plaza de la Villa de París.Que puede ser perfectamente un atentado al sentido común.Y de ahí la tremenda importancia de tener atada y bien atada la composición del Consejo General del Poder Judicial,que es quien va a nombrar a..

"Prohibiremos a sus jueces la entrada a los EEUU" avisó el consejero de seguridad nacional Mr. Bolton. "Proscribiremos su sistema financiero y los enjuiciaremos en el sistema penal de los EEUU. Haremos lo mismo con cualquier compañía o país que ayude al TPI en la investigación de estadounidenses".

La ministra de Igualdad, Carmen Calvo, ha propuesto "como lema sustantivo" la máxima de "si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es no".

"¿Cuál es vuestra autoridad ahora? Si no somos miembros del tratado, ¿por qué estáis jodiendo en este país? No podéis ejercer aquí procedimiento alguno sin base. Eso es ilegal y os arrestaré", expresó el jefe de Estado de madrugada en un discurso televisado en Davao, en el sureste de Filipinas.

Wolfgang Schomburg es el abogado alemán contratado por Carles Puigdemont. Schomburg (Berlín, abril de 1948) es uno de los grandes especialistas mundiales en derecho penal internacional y transnacional, derechos humanos y cooperación mutua en asuntos penales. Entre 1995 y 2000 fue juez en el Tribunal Federal de Justicia de Karlsruhe, el equivalente al Tribunal Supremo español. Los ocho años siguientes ejerció en el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia y en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda.

Aplica un atenuante en base al código penal de 1973 que les pasa de 2 años de prisión a 5 meses de arresto

Me denuncia por mis publicaciones en la red social X, cuyo contenido considera que tiene “connotaciones antisemitas” y que han sido realizadas “en un contexto de radicalización en España de carácter antisemita”. Me denuncia porque considera que estas publicaciones “pudieran provocar una incitación (directa o indirecta) en personas radicalizadas, a la consumación de actos violentos contra el denunciante u otras personas de MCI". Se me denuncia por quien soy, un periodista y activista antirracista comprometido con la causa palestina.

El abogado de Puigdemont responde con un escrito en el que asegura que el Tribunal de Cuentas "no tiene competencia para plantear directamente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea" por la ley de amnistía.

La viceprimera ministra Chrystia Freeland reacciona a la decisión de la Corte Penal Internacional de solicitar órdenes de detención contra dirigentes israelíes y de Hamás. Dice que Canadá mantiene que la CPI es una institución importante pero que es inapropiado comparar a los líderes democráticos de Israel con los líderes terroristas de Hamás.

El magistrado del Tribunal Supremo Eduardo Calvo ha inadmitido a trámite por extemporánea la recusación planteada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, contra cuatro de los cinco magistrados que deben resolver el recurso de casación presentado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra su nombramiento como máximo responsable de la Fiscalía.

La Audiencia Provincial de León ha atenuado una pena por agresión sexual continuada a un hombre que dejó tres veces embarazada a una menor entre los 12 y los 15 años por considerar que en la “cultura gitana las uniones de pareja se producen a edades muy tempranas”. En la sentencia se condena a ocho años de prisión a un hombre por el delito de agresión sexual continuado contra una menor que era su pareja "guiado por el ánimo de satisfacer ilícitamente su apetito sexual, mantuvo en al menos 3 ocasiones relaciones sexuales con penetración vaginal"

La Audiencia de Burgos razona que utilizar esta expresión no significa que el agresor conociese la condición sexual de la víctima, ni que este fuera el móvil para iniciar el ataque

En la sentencia la Audiencia Provincial de León recoge que en esta cultura «las uniones de pareja se producen a edades muy tempranas». Ha quedado probado que el procesado -nacido en 1993- mantenía desde 2017 una relación sentimental de pareja con la menor de edad -nacida en 2005- y que era 12 años más joven que él, conviviendo juntos en diferentes localidades de la provincia y en Benavente.