El Estado español es ahora mismo el país de la Unión Europea que más demandas acumula ante tribunales de arbitraje (ISDS), lo que podría traducirse en la pérdida de miles de millones de euros de dinero público para la defensa legal y el pago de indemnizaciones a los inversores: desde fondos de inversión especulativos, a empresas públicas o grandes multinacionales. “Si los inversores ganaran todas las demandas, el Estado tendría que pagar más de 8.200 millones de euros de los presupuestos públicos”, subrayan desde Ecologistas en Acción.

Los orígenes de los tribunales de arbitraje se remontan al primer tratado de protección de la inversión entre Alemania y Pakistán en 1959.Su origen es colonialista.“Son un pilar fundamental de la lex mercatoria que da mucha seguridad jurídica a las multinacionales,pero al que no pueden acudir las pequeñas y medianas empresas o la propia sociedad civil”.No hay igualdad ante la ley,algo incompatible con el Estado de derecho,ya que comunidades o estados agraviados por estas empresas no pueden denunciarlas ante estos tribunales.Hasta 2018 ha habido

Bankia ha ganado un arbitraje, en el que también participaban entidades como BBVA o Abanca, contra Sareb, en relación a los bonos emitidos por el 'banco malo' para hacer frente al pago de determinados activos transmitidos y por el que la sociedad presidida por Jaime Echegoyen daba por hecho que se aceptaría un cupón negativo. Concretamente, el tribunal de arbitraje ha concluido que el cupón trimestral de los bonos sénior de las Emisiones 2017-3 y 2018-1 no puede ser negativo y debe quedar limitado al 0%.

Aunque la tendencia al norte de los Pirineos es la contraria, favoreciendo y fomentando el uso del arbitraje para resolver problemas entre las empresas, en España, como siempre, somos diferentes, y las empresas en mayor medida acuden a los Tribunales, saturando todavía más si cabe los Juzgados.

Al menos 24 países ya han sido demandados en tribunales de arbitraje por inversores extranjeros en más de 40 litigios relacionados con la fiscalidad.

El giro inesperado de los socialistas avala el mecanismo de arbitraje entre inversores y países (IDS) La principal crítica a estos tribunales internacionales de arbitraje se dirige a su composición: la última palabra la suele tener un experto en comercio internacional del sector privado.

Se cuenta que un gobierno, por una circunstancia o por otra, a veces se ve obligado a romper un compromiso adquirido. Por poner un ejemplo, imaginemos que un gobierno como el de Argentina que debido a una compleja situación financiera, no puede hacerse cargo de su deuda, y se obligado a hacer una especie de suspensión de pagos y renegociar esa deuda mediante una quita.

Así lo ha asegurado en una publicación de la red social X (antes Twitter), dónde ha afirmado que el PP de Alberto Núñez Feijóo «no se conforma» con «haberle entregado» al jefe del Ejecutivo el Tribunal Constitucional (TC) sino que «ahora» quieren entregarle el Tribunal Supremo y el CGPJ.

Las organizaciones detrás del llamado Juicio por el Clima —Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oxfam Intermón, Fridays For Future y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo— han presentado ante el Tribunal Constitucional una demanda contra el Estado español por inacción climática. Con ello, el movimiento por el clima español usa el último cartucho judicial estatal para que la demanda, que fue desestimada por el Tribunal Supremo en junio de 2023, sea aceptada.

Así consta en el acuerdo adoptado, recogido por Europa Press, en el que la Sala de Gobierno insiste en que el bloqueo a la renovación del órgano de gobierno de los jueces se traduce en un “menoscabo del derecho de de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva por el mayor tiempo requerido para resolver sus recursos y por la degradación de instituciones esenciales para la garantía de sus derechos e intereses”.

Me denuncia por mis publicaciones en la red social X, cuyo contenido considera que tiene “connotaciones antisemitas” y que han sido realizadas “en un contexto de radicalización en España de carácter antisemita”. Me denuncia porque considera que estas publicaciones “pudieran provocar una incitación (directa o indirecta) en personas radicalizadas, a la consumación de actos violentos contra el denunciante u otras personas de MCI". Se me denuncia por quien soy, un periodista y activista antirracista comprometido con la causa palestina.

El abogado de Puigdemont responde con un escrito en el que asegura que el Tribunal de Cuentas "no tiene competencia para plantear directamente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea" por la ley de amnistía.

El magistrado del Tribunal Supremo Eduardo Calvo ha inadmitido a trámite por extemporánea la recusación planteada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, contra cuatro de los cinco magistrados que deben resolver el recurso de casación presentado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra su nombramiento como máximo responsable de la Fiscalía.

La Audiencia Provincial de León ha atenuado una pena por agresión sexual continuada a un hombre que dejó tres veces embarazada a una menor entre los 12 y los 15 años por considerar que en la “cultura gitana las uniones de pareja se producen a edades muy tempranas”. En la sentencia se condena a ocho años de prisión a un hombre por el delito de agresión sexual continuado contra una menor que era su pareja "guiado por el ánimo de satisfacer ilícitamente su apetito sexual, mantuvo en al menos 3 ocasiones relaciones sexuales con penetración vaginal"