Alcanzar la inversión del 1% del PIB que establece la LOSU exigirá un incremento de financiación de 3.180 millones que deberán aportar en su mayor parte las autonomías. La CRUE reclama una aportación estatal que garantice que los recursos invertidos por estudiante sean equitativos, independientemente de la riqueza del territorio en el que vivan.

La ley también prohíbe a los colegios públicos ofrecer cursos de educación general, que son parte del plan de estudios requerido para todos los estudiantes universitarios, que "distorsionan eventos históricos significativos", enseñan "política de identidad" o "se basan en teorías de que el racismo, el sexismo, la opresión o el privilegio sistémicos son inherentes a las instituciones de los Estados Unidos

A finales del año pasado, el catedrático Daniel Aranda, de la Universidad de Granada, montó un buen revuelo con la publicación de una carta abierta en la que, entre otras cosas, lamentaba el “desinterés” estudiantil por las clases. Universitarios de todo el país replicaban los siguientes días al profesor con el argumento de que muchos de sus compañeros de profesión no lo ponen especialmente fácil: “Se dedican a leer transparencias”.

DERECHO A HUELGA La Losu reconoce el derecho a huelga de los estudiantes, lo que significa que estarán legitimados para convocar paros académicos y no estarán obligados a hacer exámenes ni a ser sometidos a evaluaciones durante ese tiempo. En el Congreso se ha eliminado el deber que tenían los estudiantes que hacen huelga de "garantizar el derecho a la educación" de sus compañeros que quieren ir a clase, lo que permite, en la práctica, que puedan boicotearles.

El tope al precio de las tasas tendrá que respetar el criterio general de contener o bajar los precios progresivamente Hasta ahora, las comunidades y el Gobierno podían pactar subidas en el precio máximo de las tasas universitarias La ley universitaria delimita cómo llegar al objetivo de gasto del 1% del PIB

La nueva Ley Orgánica de Universidades (LOSU), que se encuentra en estos momentos en tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, impedirá a los colegios mayores adscritos a la universidad pública segregar por sexo, tras admitirse una enmienda presentada por Más País-Equo.

El anteproyecto reduce la exigencia para ser rector: podrá ser cualquier profesor sin unos años mínimos de docencia, investigación o gestión

El ministro Subirats incluye en el borrador del texto, que está personalizando tras heredarlo de Castells, el reconocimiento al paro académico, una reivindicación histórica del estudiantado.

La Universidad de Leicester introdujo una política y un conjunto de herramientas de trabajo sexual para estudiantes el año pasado, ofreciendo consejos a los estudiantes sobre cómo participar en el trabajo sexual y asesorando al personal sobre cómo manejar adecuadamente el tema. El kit de herramientas describe qué servicios de la industria del sexo son legales y cuáles son ilegales, aconsejando a los estudiantes que está prohibido solicitar sexo en la calle, administrar un burdel y compartir locales con otra trabajadora sexual. Traducción #1

Los principales cambios que aparecen en el texto, que adelantó El País, atañen a la gobernanza de los centros. Uno de los cambios que pretendía introducir el ministro y que más críticas había originado era otorgar a las universidades la posibilidad de designar un comité que se encargara de elegir al rector en una especie de proceso de selección similar al del mundo laboral. Esta opción, que en el redactado original las universidades podían asumir o no, desaparecerá ahora del anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

La nueva Ley de Convivencia Universitaria castiga con una expulsión de hasta tres años al alumno que plagie,falsee documentos,destruya patrimonio o haga novatadas,un régimen disciplinario que será de aplicación para las universidades públicas y privadas. El anteproyecto de ley aprobado hoy en el Consejo de Ministros para su posterior tramitación parlamentaria deroga el reglamento franquista de 1954 sobre disciplina académica,con lo que esta nueva norma se adecua al "marco constitucional",ha explicado en rueda de prensa la portavoz del Gobierno

El anteproyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobado este martes por el Consejo de Ministros, introduce novedades para avanzar en igualdad de género a través de la creación de unidades que coordinarán las políticas en este ámbito, la acción positiva en la adjudicación de las plazas, el fomento de la paridad en los proyectos de investigación, la lucha contra el acoso sexual, y los criterios a la hora de elaborar los presupuestos de las instituciones y para la obtención de financiación pública por parte de los campus.

La UOC es un centro de iniciativa privada pero participado por la Generalitat, que la financia en parte, razón por la que pese a ser privada funciona con precios públicos. Esta es la clave del cambio que se va a introducir en la LOU, destinado a universidades no presenciales "promovidas o participadas por el sector público", según figura en el que será nuevo texto normativo. La UOC es la única universidad a distancia de España "participada por el sector público" sin ser pública.

La plantilla de personal docente e investigador de la universidad pública española arrastra un déficit de 1.610 personas desde 2011, mientras que en la privada ha aumentado en 4.406. Esto se traduce en un profesor menos cada día lectivo en la primera y cuatro más en la segunda. Lo ha asegurado este martes la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).«Existe la sensación de una especia de desmantelamiento de las universidades públicas», ha afirmado a Efe el responsable de Universidades de CSIF, Ramón Caballero

El proyecto fue aprobado en la cámara de representantes de Filipinas. Todavía tiene que pasar por el Senado, pero no parece que vaya a haber ningún impedimento y en breve será ley nacional. El proyecto regula también qué árboles se podrán plantar.

La CRUE ha distribuido un comunicado a los agentes sociales para acordar una postura conjunta y requerir a los partidos una nueva normativa. Aseguran que quieren "organizar mejor las relaciones entre la universidad, los poderes políticos y los agentes sociales y económicos". La propuesta se planteó en febrero pero en ese momento no se aludió a las conexiones con políticos, se limitaron a destacar la necesidad de mayor autonomía y gestión..

La Universidad Católica de Murcia (UCAM) se ha adherido a la llamada Plataforma por las Libertades, que hace unos días presentó su manifiesto para denunciar “la vulneración de derechos” por parte de las leyes autonómicas LGTB (Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales) que, señalan, rompen con la igualdad de todos los españoles garantizada en la Constitución Española.

Una resolución de la Comisión de Transparencia de Castilla y León obliga a la Universidad leonesa a generar una normativa sobre el acceso a las notas o expediente por parte de los progenitores. De trasfondo, la disputa jurídica sobre transparencia o datos personales.

La nueva ley permite a las universidades privadas a declararse instituciones públicas y, como tal, recurrir a los fondos asignados al presupuesto del Estado en diversas formas, tales como fondos para la investigación científica. El opositor Partido Democrático, que ha dado permisos a docenas de universidades privadas en la última década, también criticó la nueva ley, diciendo que va a dañar a los hijos de los pobres.

Los profesores de Universidad tenemos pues un régimen mucho más estricto en materia de incompatibilidades que el común de los funcionarios y por defecto sólo tenemos derecho a realizar las actividades privadas del art. 19 de la ley. La norma es absurda y esta diferenciación no tendría el más mínimo sentido… si la Administración fuera capaz (y tuviera ganas) de controlar y exigir debidamente a su profesorado.

La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) que acaba de aprobar el Gobierno le puede costar a la Universidad española entre siete y ocho millones de euros al año. La modificación de esta norma aboca a la creación de un canon por el que las universidades, públicas y privadas, tendrán que pagar a CEDRO, la SGAE de los libros, cinco euros al año por cada uno de los aproximadamente millón y medio de alumnos que tienen por el uso de materiales académicos en los campos virtuales (manuales y textos universitarios).

La respuesta es un rotundo no. Cada voto en las elecciones no resulta idéntico a cualquier otro en el marco del Estado Español. Aunque la constitución afirme que todos somos iguales ante la ley, el sistema electoral no considera igual de “válido” los votos, provocando una injusticia en los resultados que demostramos a continuación. El parlamento [...]

Ione Belarra: "Me dicen por el pinganillo que Ana Rosa Quintana dedicó ayer buena parte de su tertulia a criticar nuestra nueva Ley de Medios, que hemos propuesto que los jefes de los medios de comunicación y los grandes presentadores de televisión tengan que hacer una declaración de bienes igual que hacemos los diputados y las diputadas. Y seguramente esto tiene que ver con que Ana Rosa no quiere que se sepa que tiene 44 pisos turísticos y quizás ese es el motivo por el que habitualmente se dedica a hablar del supuesto problema de ocupación..

Soldados israelíes prendieron fuego a la biblioteca de la Universidad de Aqsa en la ciudad de Gaza, y se hicieron fotografías frente a las llamas.

Ley del suelo: 25 de marzo, Podemos anuncia que se opondrá. 26 de marzo, el Consejo de Ministros con Sumar dentro, la aprueba. 29 de abril, Podemos presenta una enmienda a la totalidad. 21 de Mayo, Sumar anuncia que apoyará esas enmiendas. 23 de Mayo, el PSOE rechaza presentarla.

El Gobierno da un paso atrás y retira el proyecto para modificar la Ley del Suelo. Un texto que rechazaba Sumar y que tampoco contaba con el respaldo del PP, que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha buscado en los últimos días.

El falso pacifismo de los rectores es asimétrico: no entienden la paz como la entrega a la justicia de los líderes de Hamas y de los responsables de los crímenes cometidos el 7-O, lo cual obligaría a Israel a variar su respuesta.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado la ley de vivienda del presidente Pedro Sánchez pero con salvedades, ya que ha decidido por mayoría estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía contra la ley por el derecho a la vivienda. Como viene siendo habitual en este tipo de decisiones, los magistrados pertenecientes al sector conservador han anunciado voto particular.

Hoy había miles de personas pendientes del Congreso, con miedo a que se avanzara en el camino de prohibir su trabajo.

S.P.G acudió al Registro Civil para modificar su condición sexual un 4 de octubre de 2023. Ni siquiera se cambió el nombre. Ni siquiera se afeitó la barba. La ley no obliga a hacerlo. Pocos días antes, el 1 de septiembre, su mujer había interpuesto contra él una denuncia por maltrato. Luego se retractó, una reacción habitual en las víctimas, sobre todo entre las que tienen hijos en común. El historial de S.P.G acaparaba por entonces varios antecedentes: dos denuncias por acoso y abuso sexual y otras dos más por estafa con tarjetas de crédito.

El Consejo de Dirección de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, siguiendo las recomendaciones adoptadas por la Junta Rectora de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) el 9 de mayo de 2024, ratificadas en el mismo día por la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), acuerda, una vez analizadas nuestras relaciones con las universidades e instituciones de investigación de Israel, lo siguiente: No formalizar los convenios de movilidad entrante y saliente de estudiantes, personal docente

Aunque en el movimiento feminista hay división de opiniones sobre cómo afrontar el complejo mundo de la prostitución, el PSOE es abolicionista y, bajo esta premisa, ha registrado una ley en el Congreso, cuya admisión a trámite se debate este martes, que no prohíbe la prostitución por completo pero sí está destinada a “prohibir el proxenetismo en todas sus formas”, como primer paso hacia la abolición.

El magistrado explica en el auto que si el plan de reestructuración propuesto cumple prima facie con todos los requerimientos formales, de contenido y de motivación exigidos por el texto refundido de la Ley Concursal, ha de ser judicialmente homologado.

La candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, ha presentado este sábado una ley contra la especulación inmobiliaria que, entre otras propuestas, amplía a diez años la duración de los contratos de alquiler e impone un límite del 2% de viviendas turísticas. La ley pretende frenar la especulación y garantizar el acceso a la vivienda en un país que "vive una auténtica emergencia habitacional", ha dicho Montero en declaraciones a EFE antes de presentar la norma en un acto del partido.

El Congreso de los Diputados decidirá la próxima semana si se debe cambiar la legislación española sobre la prostitución, una realidad atravesada por la explotación sexual y la feminización de la pobreza y sobre la que no existen datos oficiales actualizados que permitan hacer una radiografía precisa de la situación. Modificar el Código Penal para endurecer el castigo del proxenetismo, multar el pago por sexo y castigar con cárcel la tercería locativa, esto es, penar el lucrarse por destinar un inmueble o cualquier otro espacio.