Alcanzar la inversión del 1% del PIB que establece la LOSU exigirá un incremento de financiación de 3.180 millones que deberán aportar en su mayor parte las autonomías. La CRUE reclama una aportación estatal que garantice que los recursos invertidos por estudiante sean equitativos, independientemente de la riqueza del territorio en el que vivan.
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