De los 37 ayuntamientos más “pobres en servicios sociales”, 15 son de Madrid. Así se desprende de la última edición del análisis de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales sobre los presupuestos que los consistorios de más de 20.000 habitantes dedican a esta partida. El gasto social en el ejercicio 2022 de estos 37 consistorios fue inferior a 56,74 euros por habitante, “una inversión inferior al 60% de la mediana.

Un total de 37 ayuntamientos realizaron un gasto social por habitante inferior al 60% de la media de gasto (56,74 euros por habitante),de los de los cuales la mayoría de ellos se encuentran en la Comunidad de Madrid, según el informe anual de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales elaborado al respecto tras analizar 404 consistorios, ha recogido Europa Press.En esta séptima edición,la asociación ha analizado los presupuestos que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes dedican a 'Servicios Sociales y Promoción Social'

CGT ha apelado en el TSJA pidiendo la nulidad de la adjudicación del servicio telefónico de información de los Centros Municipales de Servicios Sociales, por entender que es una privatización “encubierta”. Una apelación de CGT ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), contra la inadmisión de un recurso en primera instancia, pide la nulidad de la resolución del Ayuntamiento de Zaragoza que adjudica la prestación del Servicio de Atención Telefónica Especializada en el Área Social y Familia.

Un total de 353.965 personas están a la espera de recibir atención a la dependencia, 8.799 menos que en 2021, según el XXIII Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que advierten de que, a este ritmo, "se tardarían 35 años en lograr que no haya ninguna persona esperando algún trámite". Además, más de 45.000 personas dependientes fallecieron en la lista de espera entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022.

En España no hay un único sistema público de servicios sociales, sino uno por autonomía, con lo que existen grandes desigualdades —también entre los ayuntamientos— y es imposible conocer qué asistencia reciben los usuarios en todo el país. El anteproyecto de Ley de condiciones básicas para la igualdad en el acceso y disfrute de los servicios sociales, que se aprobará previsiblemente este martes en Consejo de Ministros en primera lectura, mandata a las comunidades a acordar con el Ministerio de Derechos Sociales un mínimo de prestaciones común.

El padre de Elina, de 62 años, lleva más de 40 años trabajando, es mileurista y tenía pensado prejubilarse el año que viene, pero dada la situación actual, y sabiendo la poca pensión que percibirá, duda si podrán hacerse cargo de los gastos generados por los okupas. Su madre, de 61 años, tuvo que volver a trabajar en 2021 para poder hacer frente a los gastos, que suman ya más de 20.000 euros y lamenta que «los políticos por cuatro votos, nos dejan en la miseria, abandonados, y sin protección alguna». «Me hago 82 kilómetros diarios para...

Dos millones y medio de personas residen en municipios urbanos –ayuntamientos de más de 20.000 habitantes– que tienen unos servicios sociales “pobres”. Son 37 consistorios los que se sitúan a la cola de la atención social. Cada uno de ellos afronta de media un gasto de 44,7 euros por habitante, advierten desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España. Esta organización alerta de que frente a esta inversión, otros ayuntamientos –como Alcalá la Real, Barcelona y Esparreguera– superan los 200 euros anuales.

“No vemos esperanza ni futuro y la Seguridad Social está hundiéndose”, dice Martín Lanzas, trabajador de la Seguridad Social y portavoz de UGT. Llevan meses dando la voz de alarma y han decidido pasar a la movilización. Los sindicatos mayoritarios en el empleo público –CCOO, UGT y CSIF– han anunciado el inicio de protestas en la Seguridad Social desde el mes de noviembre debido a la falta de personal y “el deterioro del servicio que prestan a la ciudadanía”. El Ministerio ha anunciado un refuerzo “inmediato” con 1.600 interinos.

FACUA Madrid se ha dirigido a la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid para solicitarles que de manera urgente modifique el proyecto de Ley Regional de Servicios Sociales que está tramitando el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.En ella, se prevé el fomento de la privatización a través "de fórmulas de colaboración con las entidades privadas con la regulación del concierto social", según se recoge en una de sus estipulaciones.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, han firmado hoy un convenio de colaboración por el que el Gobierno regional va a invertir 31,3 millones de euros para reforzar y modernizar los servicios sociales de la capital durante 2022 y 2023.

Son tiempos complejos para los servicios sociales en España. El nuevo Informe de Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales (IDEC) desarrollado por la Asociación Estatal de Diretores y Gerentes en Servicios Sociales sostiene que la situación de este sector no es buena y que casi dos de cada tres personas vive con servicios sociales débiles o irrelevantes.

Un informe de la asociación de gerentes de Servicios Sociales concluye que el sistema se estancó en 2020, a pesar de que la inversión económica aumentó un 10%: "En Navarra hay un profesional cada 739 habitantes mientras que en Madrid es uno cada 5.515".

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales, necesita concertar servicios de atención inmediata y de emancipación de 21 menas. Para ello ha convocado un concierto social por un importe máximo de 698.000 euros, que compensaría los costes del 1 de agosto de este año al 31 de diciembre de 2023. El coste de una plaza ocupada, en servicio completo, será de 75 euros y de 37 euros para el programa de transición a la vida independiente.

Un informe de la asociación denuncia que estas autonomías "hicieron caja" ese año con las aportaciones del Estado sin mejorar el servicio. Un total de 11 comunidades autónomas han disminuido en 2021 respecto a 2020 el gasto en la atención a personas en situación de dependencia, según un informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

El Principado niega a una vivienda social a una familia porque en 2018 dejaron un piso público denunciando el “racismo” de una vecina. Fvaith Esahiagbe es una madre nigeriana asentada en Mieres que está criando a su pequeño hijo de 10 años en una casa que entidades (PAH) consideran “inhabitable”. Lleva casi cuatro años en estas condiciones tras tener que abandonar, en 2018, la vivienda social que tenía asignada en Figaredo debido a las graves amenazas racistas que sufría por parte de una vecina. [si os sale muro de pago primer comentario]

España necesita una reforma fiscal justa, que paguen más quienes más tienen para garantizar servicios públicos y derechos sociales. "...no, ni el gobierno, ni las CCAA se forran con los impuestos... los impuestos son un mecanismo redistributivo con el que cuenta la sociedad, el conjunto de los ciudadanos para que por la vía fiscal se reequilibren un poco las desigualdades injustas que ya operan a nivel social..."

Un informe del ayuntamiento de Madrid también indica que el 28,14 % de los hogares tiene dificultades para llegar a final de mes, así como que el 14,88 % vive con presupuestos familiares “ajustados” y no podría hacer frente a imprevistos de más de 750 euros. Un 11,68 % de las casas no pueden costearse unas vacaciones anuales de, al menos, una semana, al tiempo que un 7,93 % tiene problemas a la hora de pagar su vivienda y un 7,06 % asegura tener dificultades para mantener una temperatura acorde a la realidad climatológica del momento.

Tres delegadas sindicales de entidades del tercer sector describen una situación de acoso e hipocresía en unas organizaciones, que, denuncian, tienen el ánimo de lucro por bandera.

«En los Servicios Sociales no me atendieron. Al marchar, dije: 'Entonces, ¿qué tengo que atracar un banco?' y oí a alguien que decía: 'Bueno, atráquelo'», dice el exmilitar y exescolta detenido por el atraco frustrado a un banco de Gijón

Vuelve el verano y, con él, los bulos sobre tomar el sol y las cremas solares. Ahora, una tendencia que se difunde en TikTok, Facebook y X aboga por tomar el sol sin protección de forma progresiva en el tiempo “para hacer callo solar” y generar tolerancia al daño por luz ultravioleta (UV). Pero los especialistas afirman que esta práctica puede ser peligrosa. ¿Existe el “callo solar”? María Luisa Martos Cabrera, del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario de la Princesa, explica a Newtral.es que el “callo solar” no es un término...

El servicio selectivo ya es obligatorio para los ciudadanos estadounidenses de entre 18 y 24 años.

La batalla por un futuro en el que todas las personas puedan tener una buena vida no será fácil. Consecuencias de los fondos de inversión de beneficio inmediato: Políticas de privatización impuestas por los gobiernos neoliberales, degradando los servicios de educación, sanidad y agua públicos, o vendiendo viviendas de protección social a estos fondos para que obtengan pingües beneficios con la especulación.!.Creacion oligopolios que controlan una gran parte del mercado y limitan la competencia, lo que puede llevar a un aumento de los precios pa

La auxiliar de enfermería Sonia Sancho se marcha de la isla al no encontrar un piso donde vivir. Ella se ha visto "obligada a hacer las maletas y marcharse de la isla" porque no encuentra una vivienda en la que "ver crecer a su hijo de siete meses", pese a tener una plaza fija en el Hospital Can Misses y un suelo de 1.800 euros netos al mes.

Los movimientos sociales presentan su hoja de ruta contra la masificación turística: "La indignación es generalizada y evidente". Presentación del manifiesto y de la próxima manifetación del 6 de julio.

Un grupo de divulgadoras lanza un manifiesto contra el creciente acoso que sufren. Los mensajes de odio, con connotaciones misóginas, buscan silenciarlas.

X acepta el porno con el pretexto de controlar mejor este tipo de contenido. El comunicado lanzado por Twitter destaca que “puedes compartir desnudos o comportamientos sexuales de adultos producidos y distribuidos de forma consentida, siempre que estén debidamente etiquetados y no se muestren de forma prominente”.