Con el lema “Vivienda por Derecho” este martes darán comienzo de una serie de movilizaciones que convocan a la ciudadanía a sumarse el sábado 7 de octubre a una manifestación central acompañada de un festival musical. El objetivo es asegurar el voto favorable de los grupos parlamentarios madrileños a la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular sobre el Derecho a la Vivienda en la Comunidad de Madrid.

El sesgo racial al ir a alquilar o comprar una vivienda nos convierte a quienes sufrimos racismo en ciudadanos de segunda por no tener pleno acceso a este derecho básico. Y eso no se cura matando a Airbnb o a la turismofobia, sino acabando con el racismo...

Tep Vanny, activista del derecho a la vivienda que hace 10 años lidera una resistencia pacífica en defensa de su comunidad, ha sido hostigada y golpeada, y las autoridades han presentado contra ella cargos penales de motivación política. Sólo desde las últimas elecciones generales, celebradas en 2013, ha sido detenida al menos cinco veces. La última de ellas, en agosto de 2016, fue detenida y posteriormente condenada a dos años y medio de prisión. Amnistía Internacional considera a Vanny presa de conciencia y ha pedido su libertad inmediata.

Vivimos en un sistema de gobierno, capaz de pisotear y pasar por alto los puntos que en su carta magna defienden a la ciudadanía, mientras la injusticia y la corrupción hacen de nuestros derechos, de nuestro derecho a la vivienda particularmente, un negocio para unos cuantos privilegiados por las particulares reglas de juego de nuestra democracia

El estado de bienestar en España, a diferencia de otros países de nuestro entorno, ha dejado a un lado el acceso a una vivienda digna, a pesar de figurar expresamente en la Constitución de 1978. La media de participación de la vivienda social en alquiler en el conjunto del parque de viviendas en los principales países europeos es del 18%, mientras que en España apenas supera el 1%. España no ha cumplido con los preceptos constitucionales ni de Derechos Humanos en materia de vivienda.

La Coordinadora de Vivienda (que agrupa a las plataformas de afectados por la hipoteca y las asambleas de Stop Desahucios en la región), la Asociación Libre de Abogados y Abogadas y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) han presentado este viernes 76.773 firmas que avalan una ILP de Vivienda para que una ley regional garantice el derecho a una vivienda digna.

La formación naranja impide que la Comunidad devuelva las ayudas a la rehabilitación de la vivienda después de bloquear el abono social de Transporte.El movimiento vecinal de Madrid vuelve a manifestar su “sorpresa” y “profunda decepción” con Ciudadanos por dedicarles buenas palabras y luego votar en contra de dos importantes y viejas reivindicaciones ciudadanas: primero, el abono social de transporte; y después, la devolución por parte de Comunidad de Madrid del dinero que unas 10.000 familias gastaron en la rehabilitación de viviendas

Proyectos como la recién nacida Escuela Popular de Manresa o grupos como el de apoyo mutuo en Sabadell demuestran que la labor de la plataforma va más allá de intentar garantizar un techo.

Daniel tiene siete años y sabe lo que es un desahucio. Su familia debe 230.000 euros al banco por una casa que compraron en 2007 y no pagan desde 2015. Las familias con la casa en riesgo recurren al "pacto de silencio": no cuento y no preguntas, según un estudio de la PAH. Los datos oficiales no informan sobre la composición de los hogares, por lo que no se conoce cuántos menores pasan por este trance que vulnera sus derechos.

Pese a que en algunos niveles la judicatura está conteniendo los peores abusos de la banca, las cúpulas judiciales están frenando las interpretaciones garantistas sobre el derecho a la vivienda.

Desde ayer y hasta el 9 de octubre, la sede del alto tribunal será un punto de encuentro, actividades y de protesta ante las sentencias dictadas sobre las cláusulas abusivas.

El problema real es el constante avance hacia la conversión total de las ciudades en mercancías y, en este caso, en la transformación del papel social de la vivienda en un elemento más del proceso de acumulación del capital. Porque es la plusvalía, no el civismo, lo que aquí está en juego.

Al producir Los Goonies y Nuestros maravillosos aliados, Spielberg impulsó una cierta moda en el cine de finales de los 80 y principios de los 90. Durante poco más de un lustro, diversas películas comerciales trataron del acoso inmobiliario y la especulación urbanística, normalmente en forma de comedia.

El autor analiza la creación del concepto de hogar, por contraposición a los espacios públicos, y la consideración posterior y actual de la vivienda como cuestión de mercado y no de derecho.

En 2013, el Gobierno español eliminó las prórrogas de las subsidiaciones a los préstamos para comprar VPO. Unas 300.000 familias se vieron obligadas a pagar sobrecostes mensuales de entre 90 y 300 euros por su préstamo. La Eurocámara pide al Ejecutivo que justifique la supresión retroactiva de las prórrogas de subsidiación de los préstamos.

Para el autor, "no hay razón para criminalizar" a quienes en la peor situación de su vida han optado por ocupar pisos vacíos, ante la inacción de las administraciones. Tras demasiados años de una crisis que no parece terminar, siguen apareciendo nuevos efectos, que castigan, de manera implacable, a las capas más débiles de una sociedad que se ha demostrado incapaz de protegerlas y, por tanto, de cumplir su función. Nos encontramos con miles de familias excluidas de aquel sistema de protección social que, se supone, servía para hacer...

La Generalitat Valenciana ha presentado este lunes el proyecto de Ley por la Función Social de la Vivienda de la Comunitat, que garantiza el acceso a la vivienda como un derecho subjetivo y prevé la posibilidad de expropiar inmuebles a entidades financieras.

Estremecedor video sobre la crudeza de los desahucios realizado por la9deAnon para la campaña de #Las5delaPAH, (vease: twitter.com/LA_PAH/status/674644368821760000. Hasta ahora solo el Ayuntamiento de Madrid ha dado su respaldo a las 5 exigencias de la campaña de la Plataforma de Afectado por la Hipoteca sobre una realidad que aún persiste. #Las5delaPAH son: dación en pago retroactiva, alquiler asequible, stop desahucios, vivienda social y suministros básicos garantizados.

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado en su pleno municipal una moción de respaldo a las cinco Exigencias de la PAH: dación en pago retroactiva, alquiler asequible, stop desahucios, vivienda social y suministros básicos garantizados. La propuesta, inicialmente presentada por el grupo municipal socialista y enmendada por el grupo municipal de Ahora Madrid para que incluyera todas las exigencias. La moción ha sido aprobada con los votos a favor de Ahora Madrid y el PSOE y los votos en contra de PP y Ciudadanos.

Hoy se ha presentado en ocho comunidades autónomas la campaña para exigir un compromiso con las Exigencias PAH por parte de los Parlamentos regionales.

Podemos Aragón pedirá en las Cortes de Aragón la creación de un registro de casas vacías, con el fin de poderlas incluir en la bolsa pública de viviendas y para las que incluso se podría estudiar la posibilidad de imponer un impuesto con el que financiar planes de vivienda.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (CDESC) comunicó el jueves la resolución.

Comunicado de PAH’s madrileñas y grupos de vivienda tras la primera reunión con la concejalía de Equidad, Bienestar y Asuntos Sociales. Sí se puede… con medidas más ambiciosas y protagonismo de las de abajo.

“Muchas autoridades en España no conciben la vivienda como un derecho humano, sino como un bien de consumo”. España tiene únicamente un 1,1% de viviendas sociales. Está sólo por delante de Grecia. Holanda (32%), Austria (23%), Reino Unido (18%) o Francia (17%). La escasa inversión en vivienda social se ha reducido en más de un 50% en los Presupuestos Generales del Estado entre 2009 y 2014. Además España concentra cerca del 30% de todas las viviendas vacías que hay en Europa. Es difícil encontrar una violación de derechos humanos tan extendida.

La situación de la vivienda ha llegado hasta el punto de que se están alquilando partes de la vivienda para dormir, como el caso de una oferta del alquiler de un sofá para dormir por 200 euros la noche, en una noticia de la que se ha hecho eco 'Espejo Público'.

Los vecinos de seis barrios madrileños se han organizado para plantarle cara al fondo buitre Azora y sus cláusulas abusivas. A través de su gestora Nestar, el tercer mayor casero de España asfixia a las familias alquiladas con subidas del alquiler que pueden ascender hasta los 700 euros al mes tras el trascurso de los tres primeros años de contrato. Los más de 900 afectados, lejos de ceder o amedrentarse, se han organizado en torno al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y han convocado una “huelga de alquileres”.

El porcentaje de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social en España ha alcanzado los 12,7 millones, según revela el XIV Informe ‘El Estado de la Pobreza en España’ de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), presentado este lunes 4 de junio en el Ateneo de Madrid. Aumento del riesgo y protección estatal El informe destaca que la tasa AROPE (At-Risk-Of-Poverty and Exclusion) ha incrementado del 26% en 2022 al 26,5% en 2023, afectando a 400.000 personas más, debido principalmente al encare

El mercado inmobiliario no da un respiro a los bolsillos de los ciudadanos. El precio de la vivienda subió un 6,3% en el primer trimestre de 2024, lo que supone su mayor tasa desde el verano de 2022. Gran parte de culpa de este encarecimiento lo tiene la vivienda nueva, que subió 2,6 puntos, hasta el 10,1%.

Muchos trabajadores ni siquiera sabrán que el próximo domingo hay elecciones europeas. De los que lo sepan, la mayoría ni se molestarán en ir a votar. De los que voten, la inmensa mayoría decidirá su voto o contra Perro Sanxe o con Perro Sanxe. Todos ellos demostrarán ignorar por completo que las elecciones europeas son tanto o más importantes que las españolas para los derechos de los trabajadores y que nada tienen que ver con el panorama político nacional, como vamos a demostrar inmediatamente.

A pesar de la aberrante falta de debates reales y opinión crítica en los grandes medios acerca del mal llamado abolicionismo, han ocurrido contundentes acciones europeas en favor de la no criminalización y de proteger los derechos del trabajo sexual recientemente y apenas han logrado eco.

El juicio por terrorismo contra el presunto grupo "Reichsbürger" en torno a Heinrich XIII Prince Reuß continuó el miércoles en Fráncfort del Meno con nuevos interrogatorios a testigos. El inspector jefe de detectives facilitó información sobre las circunstancias financieras del empresario de Fráncfort Reuß.

La redada del martes por la mañana se centró en el grupo Reichsbürger en torno a Heinrich XIII Príncipe Reuß. También participaron agentes de Schleswig-Holstein: se registró una propiedad en el distrito de Segeberg.

El miércoles se llevaron a cabo nuevos registros en el escenario del "Reichsbürger" en el distrito de Calw. Los agentes se desplegaron en una zona boscosa cerca de Bad Teinach-Zavelstein.

Las extremas derechas hace tiempo que están instaladas en Europa, que toman decisiones que afectan a nuestras vidas. Y ahora podrían decidir todavía más las políticas comunes de la Unión Europea si logran alcanzar el éxito que las encuestas auguran.