El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha dictaminado este miércoles mediante sentencia que la renovación de contratos temporales de forma sucesiva de una enfermera española por parte del Servicio Madrileño de Salud para cubrir en realidad un puesto permanente genera precariedad laboral y no se ajusta a las normas europeas dado que sólo se puede recurrir a ello para cubrir necesidades de personal temporales.

El Tribunal Supremo ha prohibido que los empresarios recaben el número de teléfono y correo electrónico de los trabajadores por medio de las típicas cláusulas genéricas a modo de cláusula tipo. Se necesita un consentimiento expreso e informado.

Millonario varapalo a Air Europa. En vísperas de la huelga de pilotos que amenaza con obligarle a anular más de un centenar de vuelos en los próximos días, la compañía que preside Juan José Hidalgo ha recibido un nuevo jarro de agua fría en su cuenta de resultados. En esta ocasión, desde el Ministerio del Interior. El departamento que dirige en funciones Jorge Fernández Díaz se ha visto obligado a revocar su decisión del pasado mes de abril por la que adjudicó a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por las compañías Air Europa Líneas ...

El Tribunal de Cuentas encuentra que siete expedientes para servicios de seguridad en la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) podrían haber sido tramitados como contratos menores para evitar llevarlos a concurso. En el informe de fiscalización de 2014, el órgano encuentra que la sede de calle Barquillo de la CNMC, que se encontraba en proceso de asumir las competencias de todos los anteriores reguladores sectoriales, contrató mes a mes un servicio que había expirado.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) troceó contratos que adjudicó en la mayor parte de los casos a la misma empresa y evitó así utilizar otro tipo de contratación "con más garantías". Es una de las conclusiones del informe de fiscalización del organismo que ha publicado el Tribunal de Cuentas y que analiza el funcionamiento del Instituto en 2013. El Tribunal también encontró once facturas con fecha anterior a que se aprobara el desembolso de ese gasto, algo que vulnera la Ley General Presupuestaria.

Los contratos que hasta seis ministerios político-administrativos del Estado firmaron en el año 2013 no estaban suficientemente justificados, según el tribunal de cuentas. El organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda reitera que cada uno de los ministerios y sus organismos dependientes no justificaron adecuadamente la necesidad del objeto de "numerosos" contratos y que los razonamientos utilizados en los expedientes para defender la contratación eran "excesivamente genéricos".

Así consta en el 'Informe de fiscalización de la contratación realizada por los ministerios del área político-administrativa del Estado y sus organismos dependientes durante el ejercicio 2013'. Dicho documento analiza 779 contratos por valor de 1.186 millones de euros, que se reparten entre los ministerios de Exteriores, Defensa, Justicia, Educación, Interior y Presidencia

El BOE recoge hoy el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre las subvenciones concedidas por el Ministerio del Interior en 2012. El documento recoge irregularidades, falta de transparencia y carencias formales en la justificación y, sobre todo, el control de la efectividad de las ayudas.

El informe de contratación pública de 2012 elaborado por el Tribunal de Cuentas recoge cómo todas las carteras incumplen de forma recurrente la ley de contratación.La publicación del informe de la contratación estatal de 2012, a cargo del Tribunal de Cuentas, vuelve a recoger un rosario de irregularidades: órganos dependientes de todos los ministerios han incumplido la Ley de Contratos del Sector Público, además de otras entidades públicas que no dependen de ninguna cartera central.

El organismo fiscalizador señala que entre los años 2005 y 2012 la empresa pública de Ferrocarriles ha llevado a cabo inversiones planificadas de "escasa racionalidad" que además, cambiaban "aparentemente" a medida que cambiaban los gestores, también señala la existencia de contratos y convenios inflados o pagos por obras aún no realizadas.

El PSOE ha presentado hoy un escrito en el Congreso en el que pide al Tribunal de Cuentas que investigue a las cuatro comunidades autónomas -Madrid, Valencia, Murcia y Castilla y León- y a la veintena de ayuntamientos que firmaron contratos con la red Púnica, una trama de corrupción que, a juicio de los socialistas, "afecta de lleno" al PP

Artículo sobre el las recomendaciones y el informe de fiscalización sobre contratos de publicidad y comunicación institucional de la Administración General del Estado de los ejercicios 2010, 2011 y 2012. Destaca: -El ministro Soria destinó casi todo su presupuesto de 2012 a campañas sobre las Islas Canarias -Miguel Sebastián patrocinó un suplemento en La Razón en época electoral y sin informar de que estaba pagado por el ministerio

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha afirmado este martes que el informe sobre los contratos del sector público estatal de 2012 "está llenos de incumplimientos", como ha sucedido "tradicionalmente desde el origen de los tiempos", algo que achaca al "desfase" entre los procedimientos y las novedades legales que hay que solucionar.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado con nueve votos en contra y tres a favor el recurso presentado por el Parlamento de Navarra contra tres puntos de la reforma laboral, entre ellos el contrato de apoyo a emprendedores, que cuenta con un periodo de prueba de un año que, en el caso de no ser superado, no contempla indemnización alguna para el trabajador. Fuentes jurídicas han informado a Europa Press de la decisión del Constitucional, y han concretado que los tres magistrados que se posicionaron a favor de seguir adelante

El Tribunal de Cuentas del Estado adjudicó contratos a un empresario que realizó obras de reforma en los domicilios particulares del vicepresidente de la institución y consejero de fiscalización, propuesto por el PP, Javier Medina, y de su hermano, Enrique Medina, que fue gerente del tribunal hasta finales de 2012. La institución "troceó" las adjudicaciones para no superar el máximo legal y evitar los concursos públicos.

El magistrado del Tribunal Supremo Eduardo Calvo ha inadmitido a trámite por extemporánea la recusación planteada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, contra cuatro de los cinco magistrados que deben resolver el recurso de casación presentado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra su nombramiento como máximo responsable de la Fiscalía.

La Audiencia Provincial de León ha atenuado una pena por agresión sexual continuada a un hombre que dejó tres veces embarazada a una menor entre los 12 y los 15 años por considerar que en la “cultura gitana las uniones de pareja se producen a edades muy tempranas”. En la sentencia se condena a ocho años de prisión a un hombre por el delito de agresión sexual continuado contra una menor que era su pareja "guiado por el ánimo de satisfacer ilícitamente su apetito sexual, mantuvo en al menos 3 ocasiones relaciones sexuales con penetración vaginal"

La Audiencia de Burgos razona que utilizar esta expresión no significa que el agresor conociese la condición sexual de la víctima, ni que este fuera el móvil para iniciar el ataque

En la sentencia la Audiencia Provincial de León recoge que en esta cultura «las uniones de pareja se producen a edades muy tempranas». Ha quedado probado que el procesado -nacido en 1993- mantenía desde 2017 una relación sentimental de pareja con la menor de edad -nacida en 2005- y que era 12 años más joven que él, conviviendo juntos en diferentes localidades de la provincia y en Benavente.

El Tribunal Supremo, en una reciente sentencia, ha utilizado por primera vez la doctrina europea que permite que los autónomos a los que Seguridad Social solicite la devolución de una prestación puedan quedar eximidos de su reembolso, siempre y cuando se deba a un error de la propia Administración y hayan actuado de buena fe.

Un contrato de seguro de vida e invalidez ha llevado a una mujer a enfrentarse con su compañía aseguradora, RGA Rural Vida S.A., ante los tribunales. Una cuestión que ha llegado al Tribunal Supremo, donde el alto tribunal ha fallado en contra de las pretensiones de la clienta.

El senador estadounidense Lindsey Graham expresa su preocupación de que Estados Unidos pueda ser perseguido por crímenes de guerra.