La Fiscalía Europea investiga no sólo un supuesto delito de tráfico de influencias para averiguar el peso de la recomendación de la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Begoña Gómez a las empresas del empresario Juan Carlos Barrabés, sino una presunta prevaricación y presunta malversación. La malversación de fondos europeos es uno de los pilares de la existencia misma de la Fiscalía Europea que investiga en España supervisada por un juez de garantías.

La Fiscalía General de la Unión Europea no actúa si los indicios de comisión de delitos contra los intereses de la UE no son sólidos y, en el caso de la esposa de Pedro Sánchez, esos indicios apuntan a la presunta comisión de delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias. la Fiscalía Europea trabaja en serio, investiga en base a indicios sólidos y tiene la capacidad de análisis jurídico para entender que, en muchos casos, la falta de ética puede ser causa delictiva.

La Fiscalía europea (EPPO) contradice al fiscal español y decide entrar en la causa abierta contra Begoña Gómez. Los fiscales europeos están investigando, en concreto, las adjudicaciones realizadas a las empresas del empresario Carlos Barrabés, entre otras, por la empresa pública Red.es, después de que Gómez emitiera una carta de recomendación.

Medel emite un comunicado en el que asegura que "una correcta información fortalece al Poder Judicial" y vuelve a pedir la renovación del órgano de gobierno de los jueces en España

Según consta en el sumario del caso, la Fiscalía Europea se interesó por esta causa y, en concreto, por algunos contratos del empresario Juan Carlos Barrabes, profesor del máster de la cátedra de la Universidad Complutense que codirigía Gómez y propietario de Innova Next, que, según informaciones periodísticas, se habría beneficiado de ayudas de la entidad pública Red.es tras la mediación de la esposa del jefe del Ejecutivo.

El fiscal arguye que la nota de prensa que dio origen al litigio “ponderaba, sin duda, los datos que la Fiscalía poseía” y se publicó para responder a un “bulo”. Este miércoles, la Fiscalía ha movido ficha y ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)―que investiga el caso— el archivo del mismo. De hecho, en un escrito adelantado por la Cadena SER y Europa Press, y al que ha tenido acceso también EL PAÍS, el fiscal Francisco Javier Montero apunta a que la “violación de seguridad” pudo producirse en el “entorno” del investigado

Tras una conversación entre el abogado del empresario y el nuevo fiscal del caso, "ambas partes han informado de la propuesta de González Amador para alcanzar una condena por conformidad", añade el diario madrileño.