La Fiscalía General de la Unión Europea no actúa si los indicios de comisión de delitos contra los intereses de la UE no son sólidos y, en el caso de la esposa de Pedro Sánchez, esos indicios apuntan a la presunta comisión de delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias. la Fiscalía Europea trabaja en serio, investiga en base a indicios sólidos y tiene la capacidad de análisis jurídico para entender que, en muchos casos, la falta de ética puede ser causa delictiva.

La Fiscalía europea (EPPO) contradice al fiscal español y decide entrar en la causa abierta contra Begoña Gómez. Los fiscales europeos están investigando, en concreto, las adjudicaciones realizadas a las empresas del empresario Carlos Barrabés, entre otras, por la empresa pública Red.es, después de que Gómez emitiera una carta de recomendación.

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Según consta en el sumario del caso, la Fiscalía Europea se interesó por esta causa y, en concreto, por algunos contratos del empresario Juan Carlos Barrabes, profesor del máster de la cátedra de la Universidad Complutense que codirigía Gómez y propietario de Innova Next, que, según informaciones periodísticas, se habría beneficiado de ayudas de la entidad pública Red.es tras la mediación de la esposa del jefe del Ejecutivo.

En concreto, ha habido problemas con los ordenadores de tiro, que influyen en cómo se dispara y se acierta con diferentes tipos de munición, ha afirmado Troels Lund Poulsen, Ministro de Economía e Interior de Dinamarca, en una serie de sesiones informativas recogidas por el medio danés DR Nyheder. Otros tanques, por su parte, fueron entregados con cañones que no podían disparar porque, por ejemplo, no tenían frenos de retroceso.

Ley del suelo: 25 de marzo, Podemos anuncia que se opondrá. 26 de marzo, el Consejo de Ministros con Sumar dentro, la aprueba. 29 de abril, Podemos presenta una enmienda a la totalidad. 21 de Mayo, Sumar anuncia que apoyará esas enmiendas. 23 de Mayo, el PSOE rechaza presentarla.

El fiscal arguye que la nota de prensa que dio origen al litigio “ponderaba, sin duda, los datos que la Fiscalía poseía” y se publicó para responder a un “bulo”. Este miércoles, la Fiscalía ha movido ficha y ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)―que investiga el caso— el archivo del mismo. De hecho, en un escrito adelantado por la Cadena SER y Europa Press, y al que ha tenido acceso también EL PAÍS, el fiscal Francisco Javier Montero apunta a que la “violación de seguridad” pudo producirse en el “entorno” del investigado

Tras una conversación entre el abogado del empresario y el nuevo fiscal del caso, "ambas partes han informado de la propuesta de González Amador para alcanzar una condena por conformidad", añade el diario madrileño.

La jueza ha citado a declarar a Alberto González Amador por dos presuntos delitos de fraude fiscal y otro más de falsedad documental. El delito contra la Hacienda Pública está recogido en el artículo 305 del Código Penal. La ley prevé penas de prisión de uno a cinco años y sanciones económicas que pueden multiplicar por siete la cantidad defraudada. El delito de falsedad documental está regulado por el artículo 390 del Código Penal y plantea penas que van de los tres a los seis años de prisión.