Durante los dos últimos años creemos haber dado pruebas más que evidentes de que a María Victoria Broto, consejera aragonesa de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, no le ha importado lo más mínimo la atención a los niños y niñas en protección del Centro de Observación y Acogida (COA). Ante la proximidad del nuevo pliego de condiciones de gestión educativa del COA, desvelamos y argumentamos sus dos grandes mentiras, ambas en sede parlamentaria. ¿Continuará por la senda de la infamia ahora que ya no se puede excusar con el PP?

En octubre de 2015, Intress comenzó a gestionar el Centro de Observación de Acogida (COA) de Zaragoza gracias a “un proceso negociado sin publicidad gestado por el PP de Rudi y firmado por el PSOE de Lambán”. La entidad privada hizo “caso omiso” de las comunicaciones públicas “advirtiendo del recorte presupuestario de un concurso que conllevaba asumir gastos vitales de los niños y niñas como salud, escolar o vestimenta”. Sin embargo, una vez con la gestión en su poder, Intress consiguió una “ventaja beneficiosa” tras un acuerdo con el IASS.

El Síndic de Greuges (defensor de las personas en Cataluña), Rafael Ribó, ha pedido a la Generalitat que agilice la materialización de los cambios normativos que permitirán a los menores tutelados cobrar las pensiones no contributivas, "de las cuales la Generalitat se ha beneficiado durante los últimos cinco años" en concepto de gastos de la atención.

El pleno del Parlament ha aprobado este jueves una moción de la CUP para instar al Govern a mejorar la atención a los menores en riesgo y revertir las externalizaciones de todos los servicios vinculados a la Unidad de Detección y Prevención del Maltrato Infantil e Infància Respon.

Parten de la base de que los centros tutelados no deben ser el recurso exclusivo para atender a menores, sino un elemento complementario. En todo caso, la última de las opciones. Así abogan por desmontar el sistema actual de atención a menores al completo. "Las soluciones a los problemas deben ser congruentes con la naturaleza del problema, un problema pedagógico no puede ser derivado a psicólogos, jueces y policías”, apunta Enrique Martínez Reguera, veterano educador y pedagogo de jóvenes en casas de tutela.

Los representantes laborales del equipo educativo del Centro de Observación y Acogida (COA) han presentado este miércoles una nueva denuncia ante Inspección de Trabajo por las irregularidades laborales de Intress en la gestión de dicho centro. Es la octava denuncia presentada desde que esta entidad comenzara a gestionar el COA en octubre de 2015. Los educadores de dicho centro llevan en huelga indefinida más de dos años, desde noviembre de 2014, porque, en su opinión, “el actual concurso de gestión precariza la atención a los menores".

Sindicatos, familias, afectados y el Síndic de Greuges denuncian el trato, la saturación y las deficientes instalaciones de algunos centros de menores tutelados por la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA). Estos espacios se presupone que deben reunir unas condiciones adecuadas porque sustituyen al hogar familiar de los chavales retirados a sus padres y cuya tutela asume la Generalitat para protegerlos de situaciones de riesgo o desamparo. Y "por tanto tienen que estar mejor que en su casa", puntualizan los expertos

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha urgido al Govern a reforzar la atención a menores víctimas de abusos sexuales, ante el hecho de que solo hay dos centros de diagnóstico (uno privado y el otro medio público) y todavía no se ha creado el servicio de atención especializado para menores víctimas de abusos que recoge la Ley de 2010 sobre la infancia.

Diputación de Gipuzkoa lo atribuye a que «este año ha tenido una incidencia notable el control férreo de la frontera que ha hecho Francia», lo que se ha traducido en que se hayan quedado más tiempo del previsto menores con destino a otros países.

El Gobierno de Aragón califica las irregularidades certificadas por Inspección de Trabajo como "supuestas incidencias" o "alguna carencia en altas en las seguridad social". Este discurso se utiliza para evitar sancionar a Intress por incumplir las condiciones como contratista de la gestión educativa del Centro de Observación y Acogida (COA) de Zaragoza.

Pese a lo amarillo del titular de la noticia, recoge de forma minuciosa cómo distintas entidades públicas, movimientos vecinales y ONG's no han podido evitar las situaciones de desprotección de estos menores, consumidores de sustancias tóxicas e 'indigentes profesionales'.

El Tribunal Civil de Roma afirma que la madre del pequeño ha hecho todo lo posible por desacreditar al otro progenitor (ahora su exmarido) frente a su hijo, y la condena a pagar 30.000 euros.

“Actualmente la realidad de las novias niñas es un problema impactante a los ojos del mundo, muchas de las cuales son casadas sin su consentimiento. Una niña de ocho años de edad, a la que casaron con un hombre de 40 años, murió en Yemen durante su noche de bodas, después de sufrir lesiones internas debido a reiteradas y violentas penetraciones, mientras que actualmente las organizaciones de derechos humanos están pidiendo por la detención de su marido, el que tenía cinco veces su edad. Fuentes de El Líbano informaron que la muerte se produjo

El investigador cordobés David Lozano ha lanzado una propuesta a través de la plataforma change.org para que las administraciones públicas lleven a sus órganos de gobierno las declaraciones del Obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, en las que tachaba de "Aquelarre químico de laboratorio" la reproducción asistida.

Mediante un convenio firmado hoy, 13 de octubre, con el Ministerio de Educación, la Agencia Nacional de Protección de Datos va a abrir un canal de comunicación que ayude a preservar la identidad de los menores en Internet. Iniciativa loable, que tendrá como canales de comunicación un teléfono 901, una dirección de correo electrónico y -llega lo espinoso- un usuario de WhatsApp mediante el que interactuar.

Padres acusados de negligencia infantil por dejar a sus hijos solos por su barrio en Maryland, obligados a recuperarlos de los Servicios de Protección de Menores del condado después que la policía se llevara a los jóvenes de un parque.

Educadores en Lucha manda una carta pública a las tres empresas que están negociando con el Gobierno de Aragón la gestión educativa del Centro de Observación y Acogida (COA). Pese haber quedado desierto el concurso anterior, el Gobierno de Aragón persiste en recortar y precarizar el servicio a menores y condiciones laborales a educadores, poniendo en riesgo el cumplimiento de la ley de infancia y adolescencia de Aragón.

El acogimiento familiar es la medida recomendada para los menores tutelados, pero apenas aumenta en España en la última década. En 2012 casi el 40% de los 34.830 niños bajo protección de la Administración vivía en alguna institución. El Gobierno ha aprobado dos anteproyectos para dar protagonismo al modelo familiar, pero los expertos advierten de que lo que se necesita es "presupuesto y personal"

Albaidel,el único centro público de menores que existe en Castilla-La Mancha, dejará de poder prestar la función social para la que se creó si la Adminsitración de la Comunidad sigue recortando el presupuesto. C.C.O.O. denuncia el grave deterioro del centro.

Un reciente informe de Human Rights Watch ha puesto de manifiesto una alarmante situación: las imágenes de niños menores están siendo utilizadas para entrenar modelos de inteligencia artificial sin el permiso de sus padres. Esta práctica plantea graves preocupaciones sobre la privacidad y la ética en el uso de la tecnología, subrayando la necesidad de ser extremadamente cautelosos al compartir fotos de menores en redes sociales.

Casi 400 millones de niños y niñas menores de 5 años -el 60% de los niños de ese grupo de edad en todo el mundo- sufren regularmente agresiones psicológicas o castigos físicos en el hogar, según nuevas estimaciones de Unicef. De ellos, unos 330 millones son castigados por medios físicos.

Las introducciones de especies son unos de los factores de degradación ambiental provocada por los humanos, por lo que es razonable que la conservación deba centrarse en especies nativas. Es difícil de asumir que, en medio de una acelerada pérdida de biodiversidad como la que vivimos, los esfuerzos y recursos se centren en una especie introducida. Sin embargo, eso es justo lo que está pasando con el cangrejo de río italiano (Austropotamobius fulcisianus) en España.

El viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha afirmado que el archipiélago «no aguanta más» tras recibir 1.790 migrantes irregulares los últimos días. De ellos, 200 son menores de edad. Por lo que son ya 5.661 los menores extranjeros no acompañados que tutela la comunidad autónoma en solitario. «Canarias no tiene más capacidad» ha dicho Cabello, que ha hecho especial hincapié en que la ruta del Atlántico está «totalmente abierta» y ha reclamado al Estado que active «todos los recursos» necesarios.

Activistas de derechos humanos de la Fundación para Combatir la Injusticia han obtenido pruebas que confirman la implicación de una organización sin ánimo de lucro de la esposa del presidente ucraniano Zelensky en el secuestro y exportación de menores de Ucrania a países occidentales. La Fundación pudo identificar no sólo a las organizaciones ucranianas y europeas implicadas en el secuestro de niños, sino también las rutas interestatales utilizadas para el transporte de los menores. La Fundación para Combatir la Injusticia averiguó los nombres

El Supremo ha ratificado la condena al sacerdote de Talavera de la Reina que abusó sexualmente de la menor durante tres años y la sometió a un exorcismo.

La Agencia determinó que “las causas del cese de la relación laboral entre empleado y empleador es un asunto privado que sólo concierne a ambas partes”. Así pues, para la AEPD, las razones del despido son una cuestión privada para ambas partes. La entidad emitió un correo electrónico a los clientes que eran atendidos por el reclamante, y les comunicó que había dejado de prestar servicio al ser despedido disciplinariamente por mala praxis profesional.

Una mujer alemana ha sido asesinada mientras que practicaba sexo. El asesino es Mohamed Ali S., de 17 años, mientras que la víctima es Blanca C.,