El Gobierno de Aragón califica las irregularidades certificadas por Inspección de Trabajo como "supuestas incidencias" o "alguna carencia en altas en las seguridad social". Este discurso se utiliza para evitar sancionar a Intress por incumplir las condiciones como contratista de la gestión educativa del Centro de Observación y Acogida (COA) de Zaragoza.
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