Everis, de la que es vicepresidente el ex-titular de Defensa Eduardo Serra Rexach, es la elegida a dedo para guiar la estrategia de I+D+i para la Axencia Galega de Innovación. Esta compañía fue beneficiada este 2017 con otros ocho contratos con la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia y el Sergas. En años anteriores ya había recibido adjudicaciones millonarias de los gobiernos del PP autonómico y estatal.

El Congreso de los Diputados aprobó el jueves de la semana pasada la 'Ley de Contratos con el Sector Público', norma que lleva a los ordenamientos jurídicos españoles las Directivas europeas de contratación del sector público y que da más transparencia al sector con un incremento de los controles sobre la corrupción, morosidad y revisará la libre concurrencia.

El Pleno del Congreso ha aprobado la Ley de Contratos del Sector Público,que establece un nuevo marco regulador del sistema de contratación pública con el objetivo de mejorar la eficiencia y la transparencia,simplificar los trámites,facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y propiciar que las administraciones públicas la empleen para lograr objetivos sociales comunes.La Ley aprobada hoy, pretende lograr una mayor transparencia en la contratación pública y conseguir una mejor relación calidad-precio..

El Supremo ratifica una sentencia del TSJ de Madrid que pone coto al abuso de la contratación temporal en las administraciones públicas

Bruselas exigió en 2014 que los países de la UE crearan un órgano autónomo para fiscalizar las adjudicaciones del sector público, demanda que el Ejecutivo de Rajoy pretende despachar encomendándole la tarea a un ente que ya existe y se integra en el Ministerio de Hacienda.

Adif ha abierto una oferta de empleo público, la primera que pone en marcha en los últimos seis años, para incorporar un total de 205 nuevos trabajadores a la compañía que construye y explota la red ferroviaria. Para participar en estas pruebas, los interesados deberán abonar previamente una tasa de 14,97 euros a través de CaixaBank.

La Unión Europea ha puesto su punto de mira en la contratación pública española. Considera que su opacidad es más elevada que en la UE y pide cambios normativos.

El Edil de Economía ve “falta de criterio” jurídico en la impugnación de cláusulas sociales por parte de la delegada del Gobierno. "Más le valdría al gobierno en funciones y a la señora Dancausa preocuparse por cumplir directivas europeas en lugar de poner obstáculos cuando hay un Ayuntamiento que se implica a la hora de conseguir su aplicación", ha zanjado.

Hoy, 18 de abril de 2016, es el último día que tienen los estados miembros, entre ellos España, para trasponer tres directivas europeas aprobadas hace dos años y que tienen entre sus objetivos hacer más eficiente, transparente y homogeneizar las normativas sobre contratación en la Unión Europea (UE). Llegada la fecha límite, España no ha hecho los deberes.

Colegios sin calefacción, trabajadores sin cobrar, ayuntamientos que no tienen dinero ni para recoger la basura… Alcaldes que robaron y vecinos que sufren las consecuencias. 'laSexta Columna' recorre la ruta de los pueblos arruinados. Municipios que pagan hoy la corrupción y el despilfarro de ayer. No hay suelo para construir centros de salud, no hay dinero para pagar la luz o arreglar las alcant

La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) ha elaborado y publicado la “Guía para la definición de actividades de evaluación de la conformidad en pliegos de contratación pública” para asistir a los poderes adjudicadores en la redacción de los requisitos relativos a los Organismos de Evaluación de la Conformidad y los certificados o informes que estos emiten, así como a reconocer cuándo los requisitos mencionados se cumplen.

El caso Unión puso el foco sobre la adjudicación del servicio de recogida de basuras en Arrecife que se efectuó en 2002. El auto de la juez Silvia Muñoz que da por concluida la investigación llega a dos conclusiones principales: que se dio el ‘cambiazo’ a la oferta presentada por Urbaser para que resultara vencedora y que se adjudicaron “de manera ilícita” al menos 8,4 millones de euros a la compañía, cuyos directivos están acusados de pagar sobornos a políticos y funcionarios del Ayuntamiento.

El diputado de Podemos Hugo Martínez Abarca ha propuesto a la consejera de Economía de la Comunidad de Madrid que se inspire en el decreto del Ayuntamiento de Madrid para incluir cláusulas sociales en la contratación pública, algo que ha rechazado la titular de Hacienda.

La progresividad fiscal es el fundamento sobre el que se construye el Estado del bienestar. Los impuestos sólo pueden tener un efecto redistributivo si se configuran de manera progresiva, es decir, si el porcentaje de las ganancias que se debe entregar a Hacienda crece conforme estas ganancias aumentan.

El 88,5% de los estudios externos pagados por la Generalitat presidida por Artur Mas se adjudicaron a dedo y cerca de una quinta parte costaron justo entre 16.500 y 18.000 euros,la cifra a partir de la cual es necesario un concurso público. Los gobiernos de Mas encargaron informes a las'big four' del mundo de la consultoria (Deloitte, PwC,...) —todas con ex-altos cargos convergentes en nómina—, bufetes de abogados como el de Miquel Roca, fundaciones privadas o escuelas de negocios.

El BOE recoge hoy el informe de fiscalización a la contratación del sector público estatal de 2012 realizado por el Tribunal de Cuentas. El documento recoge -una vez mas- una larga lista de incumplimientos de la Ley de Contratos del Sector Público por parte de todos los ministerios y otras entidades públicas. La mayoría tiene que ver con la falta de información y justificación de las decisiones tomadas, lo que frena la transparencia, la competencia y la rendición de cuentas. De los 40.730 contratos adjudicados por el Estado en 2012,..

El BOE recoge hoy el informe de fiscalización a la contratación del sector público estatal de 2012 realizado por el Tribunal de Cuentas. El documento recoge -una vez mas- una larga lista de incumplimientos de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) por parte de todos los ministerios y otras entidades públicas. La mayoría tiene que ver con la falta de información y justificación de las decisiones tomadas, lo que frena la transparencia, la competencia y la rendición de cuentas.

El informe de la contratación pública estatal de 2012 del Tribunal de Cuentas denuncia irregularidades en todos los ministerios.

Aperturas irregulares de sobres; contratos troceados para no pasar el límite legal y poder realizar la adjudicación a dedo; selección de empresas con criterio de servicio exclusivo para funciones que podrían prestar otras muchas competidoras; criterios definidos en los pliegos a imagen y semejanza de un candidato concreto; procesos en los que la misma persona que promueve la contratación, confecciona el pliego, preside la mesa, elabora la valoración técnica y autoriza las facturas…

Las contrataciones públicas son el escaparate perfecto donde se ve el quehacer político de un gobierno. En Madrid, durante los últimos años, los concursos han ido a parar al mejor postor (económico) sin tener en cuenta otros aspectos de su actividad como lo es el destino del dinero recaudado. Y la mayoría de las veces se trata de un paraíso fiscal. Una iniciativa ciudadana busca la inclusión de criterios éticos en este tipo de contrataciones que en un Ayuntamiento como el de Madrid mueve miles de millones de euros al año.

Por primera vez en España la contratación pública incluirá como un aspecto básico de valoración el periodo medio del pago a proveedores y los morosos serán penalizados en las licitaciones del Estado. La disposición está orientada a la defensa de las pymes, que son las que trabajan como subcontratistas en muchas de las principales adjudicaciones públicas y que constituyen la parte más débil en la cadena de relaciones con sus clientes, las grandes compañías beneficiarias de los concursos.

El poder de las administraciones a la hora de dinamizar una economía se puede orientar (y de hecho siempre lo hace) para cumplir objetivos políticos. La inclusión de cláusulas sociales en las contrataciones públicas es la gran demanda de la Economía Social, con la que se multiplicaría sus efectos positivos sobre la sociedad. La tendencia de decidir las adjudicaciones solamente por el factor precio elimina del proceso a las entidades del sector y pone en peligro su viabilidad.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera necesaria mayor transparencia y publicidad en los procedimientos de contratación pública. Además, la falta de competencia fomenta el desaprovechamiento de los recursos y aumenta los costes, el conocido como 'capitalismo de amiguetes', por el cual se antepone las relaciones personales a la eficiencia económica en las adjudicaciones de contratos públicos, lo que desemboca en mayores costes (hasta un 25% al alza) para los contribuyentes.

La CNMC considera que la falta de competencia y la corrupción generan un sobrecoste de la contratación pública en España equivalente a 48.000 millones de euros, o lo que es lo mismo, al 4,5% del PIB .

Acabo de ganar la batalla al cáncer de próstata. Ha sido una lucha contra el reloj de meses en los que me he topado con muchos, demasiados obstáculos en la sanidad pública. Eternas y angustiosas esperas, que irremediablemente me han acabado empujando muy a mi pesar hacia la sanidad privada. Me estaba jugando la vida y me urgía buscar una salida que la sanidad pública ha sido incapaz de darme. Ha sido una decisión dolorosa para alguien que como yo es ferviente defensor, casi obsesivo, de la sanidad pública, convencido de que es uno de los grande

Optar a un puesto de trabajo sin conocer de antemano el salario o trabajar sin saber cuánto ganan nuestros compañeros de mesa pronto va a ser cosa del pasado.

La obra extensamente documentada de los historiadores Naomi Oreskes y Erik M. Conway nos relata el papel crucial de empresas tecnológicas en esta guerra ideológica, mostrando cómo la desinformación y los influencers neoliberales que se apoyan en bulos vienen de lejos.

No hay argumento para pensar como piensan, son sencillamente idiotas.

La vía más efectiva para combatir la desinformación es tratar de que las webs que las difunden reciban menos ingresos por publicidad. Esa es la conclusión a la que llega un estudio publicado hoy en la revista Nature tras analizar 1.276 webs de desinformación y 4.209 webs legítimas entre 2019 y 2021, así como el comportamiento de 42.595 anunciantes únicos con más de 9,5 millones de impactos publicitarios en ese periodo. Según los autores del trabajo, hacer que los consumidores sepan dónde invierten las empresas su presupuesto publicitario puede

Una queja interpuesta por la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos enfoca y arroja luz sobre uno de los alojamientos rurales más exclusivos y herméticos no solo de España sino de toda Europa. El paraje Caravales, en Zufre, es usado como refugio cinegético por la Alta Sociedad y grandes fortunas europeas. Ahora el MITECO da un plazo de 30 días a los titulares de la finca Caravales para que coloque puertas en los cerramientos, con pasa-aguas ya que en una inspección de la confederación del Guadalquivir se comprobó el incumplimiento

El presidente está obsesionado con destruir la educación pública argentina, a la que considera un centro de lavado de cerebros y “adoctrinamiento marxista”

La patronal ASPE se revuelve contra la ministra Mónica García y advierte de que la Ley de Gestión Pública del SNS sería “incompatible” con la Constitución.

En el marco de las próximas elecciones europeas del 9 de Junio, Ana Miranda se presenta por BNG, la fuerza nacionalista de izquierdas gallega. La directora de relaciones institucionales de Público, otra buena gallega, Ana Pardo de Vera, entrevista a la candidata en este acto que puedes seguir en directo.

El Sindicato de Bomberos de la Comunidad de Madrid ha estado en la Asamblea de Madrid denunciando la lamentable situación en la que se encuentran sus equipos, sus vehículos y sus instalaciones.Un tercio de la plantilla de bomberos de la Comunidad de Madrid no le han hecho el reconocimiento médico obligatorio. Algunos llevan 7 años sin pasarlo con el riesgo que ello supone. Además el estado de los EPIs es lamentable, algunos tienen más de 20 años. threadnavigator.com/thread/1795484703056638294/