El caso Unión puso el foco sobre la adjudicación del servicio de recogida de basuras en Arrecife que se efectuó en 2002. El auto de la juez Silvia Muñoz que da por concluida la investigación llega a dos conclusiones principales: que se dio el ‘cambiazo’ a la oferta presentada por Urbaser para que resultara vencedora y que se adjudicaron “de manera ilícita” al menos 8,4 millones de euros a la compañía, cuyos directivos están acusados de pagar sobornos a políticos y funcionarios del Ayuntamiento.
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