Los refugiados no tienen derechos. De ahí se deriva que sus teléfonos pueden ser hackeados y sus ordenadores también. Al parecer, esto es lo que ha hecho -legalmente y según The Observer - los funcionarios de la oficina de inmigración británica. En 2013 recibieron poderes para hackear los dispositivos electrónicos de todos los refugiados y peticionarios de asilo que considerasen necesario.
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