El Real Decreto Digital 14/2019 (RDL), aprobado el pasado mes de octubre y que entró en vigor en noviembre, amplía de manera desproporcionada los poderes del gobierno español, a través del Ministerio de Economía, para intervenir las redes y las comunicaciones, poniendo de esta manera en peligro la libertad de expresión y de información. Así lo han afirmado Amnistía Internacional y ARTICLE 19, dos organizaciones internacionales con amplia experiencia en el ámbito de la libertad de expresión
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