El proyecto adjudicado a la empresa Escal UGS, propiedad de Florentino Pérez, incluía cláusulas de compensación que el Constitucional ha declarado inconstitucionales posteriormente El proyecto Castor ha acabado costando a las arcas públicas alrededor de 4.000 millones de euros, a la espera de que se pongan en marcha las labores para su desmantelamiento
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