La irrupción de Ximo Puig en el tramo final de la tramitación de esta norma, polémica porque veta la instalación de centros comerciales de más de 120.000 metros cuadrados de superficie y porque añade trámites burocráticos para la apertura en zonas sensibles de locales a partir de 1.000 metros –algo que afecta especialmente a los supermercados– coincide con la presión que está ejerciendo la patronal Asucova –a la que pertenecen las grandes cadenas de distribución como Mercadona, o Masymas– para que el texto recoja sus reivindicaciones.
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