El pasado 21 de diciembre la Fiscalía de Madrid daba un giro en la venta de viviendas públicas del IVIMA a Goldman Sachs. El Ministerio Público reclamaba el archivo de la causa. Y los afectados de esta operación han salido a la calle para protestar por este cambio de criterio. "La Comunidad Madrid han preferido proteger y posicionarse con las empresas de los fondos buitres al afirmar que la venta de VPO se produjo legalmente”. Falta de colaboración de la Comunidad de Madrid al bloquear “la entrega de informes o la cesión de peritos”.
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