El nuevo marco para las energías renovables que el Gobierno está poniendo en marcha está chocando frontalmente contra los intereses de las empresas medianas y de los inversores. Primero fue el el sistema de subastas elegido para fijar el régimen económico el que no convenció a las empresas promotoras. Ahora ha sido la normativa sobre acceso y conexión a la red de suministro y transporte, por añadir la condición para admitir la retirada de avales que, en alguna situación, supondría que al promotor se le devolviera el 80% y no la totalidad.
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