La participación por vía telemática en el Consejo de Ministros creaba un escenario de eventual inseguridad jurídica, observaban desde el departamento de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, poniendo en riesgo los acuerdos que se adoptaran. Un escenario preocupante, tratándose de una reunión que debía formular una medida extrema como decretar el Estado de Alarma, que supone de facto la suspensión de derechos constitucionales. En el peor de los casos, podría abrir una brecha que convirtiera los acuerdos en recurrible.
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