El 14 de mayo, Osakidetza formalizó un contrato por 5.082.000 € para externalizar otra parte de los “servicios de mantenimiento y evolución de aplicaciones de gestión”. El procedimiento de adjudicación se restringió a una sola empresa, Deloitte, sancionada en 2021 por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC): tuvo que pagar unos 4 millones por prácticas colusorias contra la administración pública, entre ellas Osakidetza, que ahora justifica no disponer “de personal cualificado, ni personal suficiente, para las acciones enmarcadas”.
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El mantra oculto que muchos partidos políticos llevan escrito en grande, luego más abajo en chiquirritico llevan también lo de "vocación de servicio público"