23 familias que residen en viviendas de protección oficial en Salou (Tarragona) se niegan a pagar la mensualidad para denunciar que les cobran impuestos que no les corresponden. Los vecinos, asesorados por el Sindicato de Inquilinas, han dejado de pagar entre 350 y 700 euros por piso. Denuncian que la propiedad les está cobrando el IBI -unos 25 euros al mes- de manera fraudulenta. Según una sentencia recién del Tribunal Supremo, es ilegal cobrar este impuesto a los inquilinos de vivienda protegida
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