Durante años estuvo el PP -y también Ciudadanos, su hoy socio de Gobierno- arremetiendo sin cuartel contra las oficialmente llamadas indemnizaciones por vivienda, las que reciben los altos cargos de la Junta de Andalucía -60 a 31 de diciembre de 2018- que deben trasladarse a Sevilla -donde están los servicios centrales de la administración- desde otros lugares de la Comunidad o, en algún caso, de fuera de ella.
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