Para que fuera cierta la cifra de 48.000 millones de sobrecostes por la corrupción, debería suceder: a) que los sobrecostes por ineficiencias en la contratación pública en España fueran del 25% ; b) que esas ineficiencias por falta de concurrencia se dieran en todos los contratos públicos (o que la media ponderada de todas las ineficiencias fuera esa); c) que todas esas ineficiencias fueran imputables a la corrupción, y d) que las administraciones públicas siguieran controlando el 18,5% del PIB en forma de contratos públicos
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