El Tribunal de Cuentas dibuja la oficina del Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España casi sin medios y objetivos específicos claros, falta de transparencia y respeto a la normativa del sector público que regula los contratos y los pagos. Por ello, pide al Gobierno que regularice su situación, la dote de medios y elimine la inseguridad jurídica con la que funciona.
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