Explica el abogado murciano José Manuel Hernández Benavente que tanto el responsable de la residencia como el obispo de Cartagena, José Planes, podrían haber incurrido en un delito de falsedad documental. El consentimiento para ponerse la vacuna que rubricó el obispo el 2 de enero y se mandó a Salud «es un documento público, lleva el membrete de la Administración», indica el abogado.
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