“El procedimiento penal servirá para depurar las responsabilidades oportunas y para dar voz a aquellos a quien la Generalitat ha ignorado y menospreciado tanto tiempo”, explica Andrés Maluenda, el abogado que ha redactado la querella y que antes de su presentación elaboró un dictamen jurídico-penal sobre las conductas que se producen en la Administración catalana. “La sanción del abuso de temporalidad ha de recaer en la Administración incumplidora, no en el trabajador, y lo que mejor la protege es la fijeza”, subraya Elisabeth Ramos, secretaria
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