Los pagos se efectuaron en el marco de un cometido que pasaba por investigar al árbitro que falló en contra del grupo en su laudo con Kiss FM ante la sospecha de que este miembro del tribunal había sido comprado por la parte contraria. Las pesquisas se centraron en acreditar si hubo contrato en firme del comisario jubilado para intentar revertir el resultado de la guerra abierta con Kiss FM y que se saldó con el pago de 200 millones de euros al empresario Blas Herrero.
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