Un juez federal en Texas ordenó el jueves a la Administración de Alimentos y Medicamentos que haga públicos los datos en los que se basó para autorizar la vacuna COVID-19 de Pfizer, imponiendo un cronograma drásticamente acelerado que debería resultar en la divulgación de toda la información dentro de unos ocho meses. Eso es aproximadamente 75 años y cuatro meses más rápido de lo que la FDA dijo que podría tomar completar una solicitud de la Ley de Libertad de Información por parte de un grupo de médicos y científicos.
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