Los jueces de guardia de cada localidad serían los encargados de clausurar los colegios electorales mediante una autorización judicial en el supuesto de que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, convocara una consulta ilegal y los Mossos no lograran impedir la apertura de los centros. Según fuentes jurídicas consultadas por Servimedia, si el Constitucional declarara ilegal el acto y el Gobierno central solicitara al catalán que se abstuviera de convocar el referéndum independentista, el Ejecutivo de Rajoy contaría con todos...
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