Lo que supondría para muchas empresas un efecto disuasorio más firme que el vigente hasta hace unos días que fijaba sanciones por empresa, no por cada contrato en fraude de ley. Habrá que ver si estas modificaciones son suficientes como para que el contrato temporal es la excepción. Y sobre todo ver si se aplican también a las administraciones públicas, responsables de una buena parte de la temporalidad en nuestro país.
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