No han pasado ni dos años desde ese dramático enero de 2021 en el que murieron 788 personas en las residencias de mayores de España por causa de la COVID-19. Entonces (y ya con anterioridad), los gobiernos autonómicos intervenían de urgencia estos centros y prometían cambios estructurales en el sistema cuando la tragedia diera un respiro. Pero lo que hoy es perentorio, rápidamente se torna en postergable. Las promesas y necesidades apremiantes languidecen con pasmosa celeridad, nuevos problemas desplazan a los anteriores.
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