Bautizada como 'Scarpe II', la operación ha sido coordinada por el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria e involucrado a más de 170 efectivos: 157 funcionarios del Area de Inspección, incluyendo personal de las Unidades de Auditoría Informática (UAI), agentes policiales y 15 funcionarios de Vigilancia Aduanera. Afectan a fabricantes de calzado y en menor medida, a minoristas en Andalucía (1), Aragón (12), Asturias (2), Canarias (3), Castilla-La Mancha (4), Galicia (1), La Rioja (8) y Comunidad Valenciana (10).
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