Los controvertidos contratos de patrocinios deportivos que cerró el Aeropuerto de Castellón durante los años en los que Carlos Fabra presidió la sociedad pública continúan dando disgustos. Una inspección de la Agencia Tributaria que arrancó el pasado año ha acabado con tres expedientes sancionadores por un importe total de 3,38 millones de euros.
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