El informe y la posterior investigación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y de otro juez, en este caso Santiago Pedraz, ha permitido desarticular un entramado de 24 empresas que según los agentes podría haber defraudado hasta ocho millones de euros en España procedentes de actividades ilegales como el narcotráfico, accidentes simulados, falsificación de documentos y robos de vehículos.
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