4 años después de promulgarse la ley que obliga a las compañías de suministro a desembolsar ayudas a fondo perdido para paliar la pobreza energética en Cataluña. Reclama a los consistorios la mitad del débito. Ayuntamientos han revelado que la empresa advierte que si no aceptan el acuerdo procederá a comenzar a desconectar de la corriente a los deudores a partir del 1 de octubre. Alcaldesa: "La ley pide que se haga un fondo social para abonar los impagos. Lo debe liderar e impulsar la Generalitat, que ha aprobado la ley y no ha creado el fondo"
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