La cifra que baraja el Gobierno para hacer público el censo de bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia es una mínima parte del total de propiedades inscritos a su nombre con total opacidad y sin ningún tipo de control. Y es que el Ejecutivo está elaborando el listado con aquellos inmatriculados a partir de 1998, cuando una reforma impulsada por Aznar amplió este privilegio. Sin embargo, la Iglesia lleva utilizando este procedimiento desde 1946, cuando la dictadura franquista introdujo la posibilidad en la Ley Hipotecaria.
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