El Gobierno quiere cumplir con una de las demandas históricas de las autoridades comunitarias: reducir la temporalidad del mercado laboral español. Por eso, se ha comprometido con Bruselas a reducir el número actual de contratos, a revisar la causalidad del contrato temporal y a endurecer las sanciones a las empresas que abusen de este tipo de contratos. Así consta en el Plan Nacional de Reformas que ha enviado a la Comisión junto al Programa de Estabilidad.
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