Los 1.800 millones de euros reconocidos como Responsabilidad Patrimonial del Estado por la reversión hacia la Administración de la gestión de las radiales y de otras autopistas de peaje entregadas en su día a concesionarios privados y caídas en quiebra solo cubrirán una parte de la factura que los fondos públicos deberán afrontar como consecuencia de este proceso.
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