Lo barato sale, a veces, caro; y lo que parece un ahorro puede, en ocasiones, acabar costando mucho dinero. Son dos de las conclusiones que empiezan a emerger de la gestión que el Gobierno español ha hecho con el sector de las renovables en la última década: las ocho primeras condenas en los tribunales internacionales de comercio le han supuesto al Estado tener que pagar una tercera parte del dinero que se ‘ahorró’ al recortar las primas a la producción de ese tipo de energía, y hay al menos otras 34 demandas en tramitación.
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